Este viernes, ocho personas físicas y sus respectivas empresas implicadas en el caso de corrupción Operación Medusa, declararon ante el juez del Segundo Juzgado de Instrucción su aquiescencia a acuerdos con el Ministerio Público, arreglos que implican declararse culpables de las imputaciones.
Con otros que ya se habían anunciado en audiencias anteriores, “ascienden a 21 personas físicas y jurídicas”, del total de 63 que señala el expediente de malversación en la gestión del exprocurador Jean Alain Rodríguez, que se decidieron por admitir los cargos en juicios abreviados que el juez Amauri Martínez prorrogó para fallar junto con el fondo del juicio preliminar.
El grupo que admitió su culpabilidad de asociación de malhechores, desfalco y soborno este viernes 22 de marzo lo encabeza Lisandro José Macarrulla Martínez, hijo del ex ministro de la Presidencia en la actual gestión de Luis Abinader, Lisandro Macarrulla, quien presentó su renuncia al cargo luego de la acusación a su vástago.
Otros acusados que negociaron con el órgano persecutor son Ricardo Antonio Carrasquero, José Antonio Santana Julián, Reynaldo de Jesús Santos, Rafael Salvador Razuk Sánchez, la ingeniera Jenny Marte Peña, Mercedes Camelia Salcedo Disa y Carolina Pimentel Bonifacio.
A principio de mes se anunciaron los acuerdos con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca), de los acusados Carlos Augusto Guzmán Oliver, representante de la razón social Herrajes Rachel; César Nicolás Rizik Pimentel, los hermanos Daniel Enrique y Francisco Alberto Vásquez Féliz, Fausto José Cáceres Santerio, la empresa La Parasata Mercantil y Francisco Arturo Santos Gómez.
El total de las “21 personas físicas y jurídicas”, lo dio a conocer la coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz.
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La pena a la que se acogerán
Macarrulla, con su empresa Mac Construcciones SRL, está acusado de pagar sobornos a la Procuraduría para lograr la adjudicación del lote número 5 de la cárcel de La Nueva Victoria, por un monto RD$1,298,210,894.40, más una adenda de más de 75 millones de pesos, según el grueso expediente Medusa.
El Ministerio Público le solicitó, a lo que estuvo de acuerdo Lisandro José Macarrulla, tres años de prisión suspendida y la entrega de RD$77,000,039,800 pesos que es el monto retenido en incautaciones.
También deberá entregar al Estado más de 57 millones de pesos en cheques de administración y un inmueble de la Torre M2, valorado en 20 millones, 243 pesos dominicanos.
Igualmente se cancelará el registro mercantil de la empresa Mac Construcciones SRL por dos años.
Para Santana Julián se solicitó una condena de un año de reclusión suspendida, en un juicio abreviado, y que devuelva al Estado RD$3 millones, que es el soborno pagado a la Procuraduría durante la gestión de Jean Alain Rodríguez.
A su empresa Abastesa se le suspenderá el registro mercantil por un año y deberá también devolver un millón 900 mil pesos.
La Pepca solicitó también tres años de prisión suspendida a Rafael Salvador Razuk Sánchez. La empresa de Razuk Sánchez, F &F Import, será multada con RD$722,744, se ordenará el decomiso de las acciones de la razón social y se le suspenderá el registro mercantil.
A Reynaldo de Jesús Santos se le solicitó pena de tres años de reclusión suspendida, mientras que a su entidad, Swaziland SRL se le solicitó el pago de una multa de RD$722,744 y el decomiso a favor del Estado de las acciones de esa empresa
Entre lágrimas dijo estar “profundamente arrepentida
Entre lágrimas, la ingeniera Yenny Marte Peña dijo sentirse “profundamente arrepentida” y que llegó a un acuerdo porque quiere rehacer su vida.
El acuerdo que hizo con la Pepca incluye una condena de cinco años de reclusión, a los cuales se le computarán los que pasó privada de libertad en la modalidad domiciliaria, y el tiempo restante la pasará en libertad condicional.
Marte Peña deberá también pagar una multa de 300 salarios mínimos del Estado.
Otras imputadas que admitieron los hechos que se les imputaban son Mercedes Camelia Salcedo Disla y Carolina Pimentel Bonifacio, por una condena en un juicio abreviado de tres años de prisión suspendida. Derán residir en un lugar determinado que se facilitará al tribunal, abstenerse de viajar fuera del país sin autorización, no poseer arma de fuego y tampoco consumir alcohol.
Reacción de Jean Alain
El Consejo de Defensa de Jean Alain Rodríguez reaccionó a los nuevos acuerdos, afirmando que los más de 20 suplidores y exfuncionarios de la Procuraduría General de la República que se han declarado culpables bajo acuerdos con esa institución, lo “eximen de responsabilidad y no lo señalan e incluso no lo conocen en forma alguna”.
