Barahona. El reclamo de las tierras cultivadas de plátanos, guineos, limones y otros rubros por parte del Consorcio Azucarero Central (CAC) para extender sus cañaverales ha creado un conflicto en la región Enriquillo que adquirió otro matiz luego que los agricultores establecieran un campamento en sus predios devastados.
El paso adelante asumido por los pequeños productores dio lugar a que, por primera vez desde que iniciara el conflicto el 12 de febrero pasado, los ejecutivos del CAC “dieron la cara” cuando acudieron al campamento a sostener un diálogo en el que, al final, no escucharon a sus interlocutores y se marcharon.
A mediados de marzo el director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), César Cedeño, acudió a un encuentro con la Iglesia Católica y los campesinos en el Batey Cinco donde las partes esperaron y no lograron que se asomaran los ejecutivos de la empresa de capital guatemalteco. Tampoco acudieron a una cita de Cedeño en sus oficinas del CEA el miércoles pasado, día 14.
Al contrario, dos días luego de la reunión en el CEA, los ejecutivos de la empresa agroindustrial reiniciaron la devastación de los cultivos en los terrenos de El Aguacatico, en la zona de Tamayo, de acuerdo con fotografías y vídeos filmados por los periodistas.
Por tales razones, según explicó el dirigente Manuel Pérez, coordinador del Centro de Promoción Campesina Lemba, los cosecheros decidieron “plantarse” en un campamento para enfrentar “in sito” otras eventuales embestidas.
Al explicar la problemática, Pérez dijo que “el fondo del conflicto en la zona está en que un grupo parceleros, con la anuencia del IAD y el CEA, han arrendado sus parcelas para plantar caña y otro quiere seguir con sus cultivos de plátanos, guineos, cocos y otros frutos menores”.
Fue en ese escenario donde se presentó uno de los ejecutivos del CAC apellidado Candelario, acompañado del coronel retirado Rafael Cuevas y una patrulla de militares que portaban armas largas de grueso calibre.
¿Diálogo o monólogo?
Candelario, cuyo nombre se abstuvo de mencionar, facilitó algunas respuestas a las preguntas de los periodistas, pero negó toda alusión a los desmentidos sucesivos por parte de los agricultores.
A su entender, el CAC sólo destruyó plantaciones agrícolas en terrenos que adquirieron bajo contrato.
“La empresa no ha tumbado mangos, no ha tumbado cocos, no ha tumbado plátanos ni es culpable de cosas de que se le acusa”, dijo Candelario.
El funcionario se volteó para señalar los sembrados de los alrededores: “Mira cómo están ahí los cocos, plátanos y otros cultivos. Nosotros lo que estamos es desmontando unos terrenos previos acuerdos con los parceleros, el CEA y el IAD (Instituto Agrario Dominicano)”.
Ante la insistencia de los periodistas, el ejecutivo del CAC los remitió al Departamento Legal de la empresa “porque yo no tengo más nada que decir”.
En declaraciones por separado, tanto Pérez, del Centro de Promoción Campesina Lemba, como Enrique González, de la Federación de Asociaciones de Productores y Campesinos del Sur (Feproasur), se quejaron de que Candelario se marchó sin responder una sola inquietud de las formuladas por los campesinos.
También fue notoria la insistencia de Pedro Pascual García, presidente de la Asociación de Parceleros y Agricultores El Aguacatico-Bayahonda, por escuchar respuestas a sus observaciones sobre la destrucción de cultivos por parte del CAC.