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jueves, septiembre 24, 2020

“Aquí se necesita una ley que tenga garras y dientes”

En la conversación con el periódico elCaribe, Carlos Pimentel insistió en la importancia de la transparencia en los procesos.
Compras y Contrataciones emite 12 resoluciones de impugnaciones; lleva caso de asfalto a la Procuraduría

La División de Resolución, de Impugnaciones y de Investigaciones de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) fue reestructurada por completo y seguirá fortaleciéndose.

Y el hecho de que eso haya ocurrido no es fortuito: La actual gestión de la institución encontró alrededor de 200 casos importantes que estaban en archivos (guardados y en letargo por años), sobre los cuales en lo adelante habrá decisión, y todo eso se hará público, le dijo ayer a elCaribe el director de la institución, Carlos Pimentel.

El funcionario firmó el miércoles 12 resoluciones de decisiones de impugnaciones, de recursos jerárquicos que encontró en ese organismo público y la próxima semana saldrán más resoluciones que no se guardarán. “Es un proceso que no se detendrá”, ha dicho. Dio garantía de ello.

Entre las resoluciones hay una que involucra a la Corporación de Fomento Industrial, Hotelero y Desarrollo de Turismo, en el caso específico del alquiler del Hotel Nueva Suiza, de Constanza; otra está relacionada con la contratación, estudio, diagnóstico y diseño para la regeneración de las playas de República Dominicana, que involucra al CESTUR, y una solicitud de investigación de la Fundación Justicia y Transparencia sobre la contratación y ejecución de los contratos suscritos y procedimientos realizados por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), que es una licitación para la reestructuración de imágenes y elaboración de esculturas de la Iglesia Santa Bárbara, de la Zona Colonial. Para ésta –dijo Pimentel- se violaron todos los procedimientos de la Ley de Compras y Contrataciones y se les hacen algunos señalamientos a la OISOE. “Algunos de estos casos, probablemente, se necesitará profundizar en ellos”, advirtió. “Nosotros hemos venido aquí a hacer cumplir lo que establece la Ley 340-06. Ni más ni menos. Y sabemos que las contrataciones están rodeadas de intereses… políticos, económicos y de todo tipo. Nosotros no representamos intereses, ni grupos. Estamos convencidos de que tenemos un mandato que da la ley y lo vamos a cumplir”, sostuvo.

Le ley que refiere Pimentel es la de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

¿Y esos casos que usted cita, entre ellos los 12, correrán el mismo curso que lleva el tema del asfalto, en materia judicial? Le pregunta este periódico a Carlos Pimentel. “Algunos tienen mérito, aunque en estos momentos no lo estamos estableciendo, sino que estamos fallando los recursos administrativos”, responde.

De camino a la Procuraduría

El caso del asfalto es uno que ha sonado bastante en las últimas semanas, luego que se denunciara el pago de 11 mil 500 millones de pesos por compra de hormigón asfáltico caliente para la pavimentación de miles de kilómetros de calles, seis meses antes de las primarias del Partido de la Liberación. Pimentel asegura que hay elementos suficientes para que ese caso vaya a la justicia.

Y en efecto, hoy el caso “entrará” formalmente a la Procuraduría General de la República para que siga el curso correspondiente. “No estamos desesperados, seguimos trabajando en ese caso y tenemos una buena base para sustentar todo lo que hemos explicado sobre la forma como se llevó a cabo ese proceso del asfalto”, indicó Pimentel. No se anduvo con redeos en el abordaje.

Sobre los casos que la DGCP está fallando con recursos administrativos –básicamente- vendrá a posteriori la parte de identificar cuáles pueden tener algún tipo de indicios que necesariamente los hagan ir al Ministerio Público. “Pero nosotros estamos convencidos de que todos los casos que trabajemos dentro del ámbito administrativo siempre concluirán con una decisión, sin importar el que sea”, aseguró Carlos Pimentel.

“Y donde identifiquemos que se está en la frontera de ilícitos penales, esos casos irán al Ministerio Público”, insistió. Pero Compras y Contrataciones no pretende transitar ese camino sin un acompañamiento que es vital: el de la Procuraduría y el de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental. Lo dejó claro.

El funcionario dijo que en los próximos días se informará al país el tipo de coordinación interinstitucional que van a tener las tres instituciones. “En la práctica, estamos ya dando los pasos y avanzando en esa dirección. Ese nivel de coordinación será formal y habrá un acuerdo que como tal se anunciará al país próximamente”, explicó.

La conversación entre elCaribe y el director de Compras y Contrataciones fue amplia y diversa. Como parte de ella Carlos Pimentel se refirió al importante volumen de contratación de bienes, servicios y otros que se realiza en República Dominicana. “Las compras del Estado pueden servir y contribuir para el desarrollo. Y lo sabemos”, planteó.

Sostuvo que en estos momentos, con el impacto de la pandemia por Coronavirus y por la situación económica en que se encuentra el país, es vital lograr que en el ámbito de los territorios, de los municipios, los gobiernos locales, los productores y los proveedores puedan estar en las condiciones de contratar con el Estado, y el Estado estar a la vez en condiciones de implementar las distintas disposiciones y las normativas de las contrataciones públicas. Eso puede ayudar a generar niveles de movilidad con relación a la economía.

Pimentel ha identificado que en el territorio se necesitan mayores niveles de acompañamiento. Apenas 42 cabildos están implementando el Portal Transaccional y entiende que debe incrementar la cantidad de esas instituciones que utiliza la plataforma citada. “Pero a la vez resulta importante la cantidad de proveedores que puedan estar registrados para contratar con el Estado. Es un elemento fundamental”, asegura.

El funcionario ha encabezado encuentros a escalas diversas, entre ellos con la municipalidad, pequeños empresarios y organizaciones productivas. El contacto más reciente lo sostuvo con la comunidad de Barahona y está en agenda sostener otras actividades en puntos distintos de la geografía nacional.

Muchos de los sectores con los que se han dado los encuentros reconocen la importancia de la formalidad para operar una empresa. “Entienden que el Estado es una fuente importante para vender y que el Estado compra bienes y servicios, pero que se deben mejorar los mecanismos, especialmente para garantizar menor tiempo en los pagos. Y sabemos que es una limitación”.

Los pagos tardíos… cuidado

“Tenemos el compromiso de ver cuáles son los obstáculos que impiden, que obstruyen que las entes contratantes del Estado puedan pagar a tiempo, especialmente cuando queremos que las contrataciones en el ámbito municipal sirvan para el desarrollo. Una pequeña empresa no puede esperar dos meses, tres y mucho menos seis para que se le pague y sabemos que hay una queja de los proveedores del Estado. Es una tarea que no es de la Dirección de Compras y Contrataciones, pero la Dirección de Compras debe contribuir a su solución”, dice.

Los retrasos de pagos a suplidores están siendo enfocando en dos vertientes y una de ellas indica que si los entes o instituciones del Estado tienen un compromiso con un suplidor, tienen que cumplir con él. “Para una entidad contratar lo primero que debe tener es una certificación de apropiación de presupuesto. Si un ente contrata y cuenta con una apropiación de presupuesto, no hay ninguna razón para que al recibir los bienes o servicios, alegue luego que no tiene los fondos para pagar”, indicó Pimentel.

La otra vertiente es que detrás de los retrasos –y algunos pueden ser justificados por una razón equis- puede esconderse la intención de llevar al proveedor a un punto de una extorsión. “Se pudiera estar llevando al proveedor a un punto de que si no aporta un 10% de lo que va a recibir, su pago nunca va a salir. Por eso para nosotros abordar el tema del pago es muy importante. Cuando un ente del Estado tiene una apropiación de presupuesto, le entregan el bien y no paga, para mí eso va a ser un hecho sospechoso”, advirtió en la conversación.

Carlos Pimentel, vía la institución que dirige, buscará que se establezca un plazo de pago a los suplidores del Estado que no exceda los 45 días (igual a tres quincenas). Por lo menos para el caso de la pequeña y la mediana empresa.

Planteó que la institución está partiendo de que las contrataciones públicas inicien con la planificación, con el requerimiento, con el inicio del proceso y con la adjudicación, pero hasta que el Estado no paga no cierra ese ciclo de las contrataciones. “Entendemos que tenemos que hacer todo el esfuerzo que sea necesario para reducir los tiempos de pagos, y para eso estamos tratando de entender desde el territorio cuál es la realidad y qué está pasando, de tal manera que eso nos permita establecer conversación y coordinación con la Dirección General de Presupuesto, con la Tesorería Nacional y con la Contraloría General de la República. Queremos apoyar el desarrollo de la pequeña y la mediana empresa y el mayor obstáculo lo vemos en los tiempos de pagos”, apuntó.

De acuerdo con lo dicho por el director de Compras y Contrataciones Públicas, como promedio, la institución ha encontrado que el pago de deuda a los proveedores del Estado se realiza en tres meses, pero hay casos en los que la tardanza toca la frontera de los seis.

Actualmente no se tiene los mecanismos que permitan dar seguimiento al pago y por eso una de las disposiciones que ha adoptado la institución que dirige Pimentel desde los primeros días de su gestión, es que desde el portal se pueda habilitar la funcionalidad que permita medir el tiempo en el cual los entes están pagando. “Nosotros monitoreamos las contrataciones, pero no estábamos llegando a monitorear hasta el momento del pago”, explicó Pimentel, observado atentamente por su encargada de Comunicaciones María Teresa Morel.

Eso que dice significa que la funcionalidad del portal de Compras está siendo adaptada y mejorada para incluir esa parte final que permita tener el dato de cuáles son los tiempos promedio reales que están durando los entes para pagar, mientras se avanza en las medidas necesarias que hay que tomar.

Parte de las deudas a las que hace referencia Pimentel se tienen, por ejemplo, con proveedores del desayuno escolar. “También nos reunimos recientemente con productores textiles del país, que regularmente son los que tienen contratos para el tema de los uniformes escolares. Hay varios proveedores vinculados al tema del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), que ciertamente han estado reclamando su pago”, expresó.

El director de esa institución fue designado recientemente. “Alrededor de ella hay muchos cuestionamientos”, indicó Pimentel. Y naturalmente, esos cuestionamientos no “corren” sobre los hombros del nuevo incumbente, porque apenas está tomando el timón del Inabie.

Cuando este diario le pregunta a Carlos Pimentel si la ley de 340-06 es suficiente para cubrir los roles que está llamado a cumplir la institución, entre ellos el de regular y supervisar el sistema nacional de compras y contrataciones públicas, su respuesta es esta: “Está claro que esa ley debe ser modificada por muchas razones y una de ellas es para fortalecer los mecanismos de control y para revisar su sistema de consecuencias”.

“Nosotros tenemos que desarrollar una ley que tenga garras y dientes y que permita prevenir y actuar, pero necesitamos una norma que también garantice el funcionamiento del sistema de compras y que las entidades del Estado puedan contratar y comprar. Y lo puedan hacer de manera eficiente y en tiempo razonable”, planteó.

Recordó que partiendo de lo establecido en la ley 340-06, las instituciones públicas deben prever en su plan de compras 20% para contratar pequeñas y medianas empresas. “Es uno de los planes importantes que tenemos… que todas las entidades contemplen eso en sus planes de compras y lo hemos solicitado. Que empiecen a preparar su plan de compras para el próximo año, pero que el encontrado en sus instituciones lo revisen, porque tiene que prever ese 20%”, dijo.

El perfil del funcionario y los contactos sostenidos

Carlos Pimentel tiene amplia formación en temas de transparencia y gestión pública y gobierno abierto. Es abogado egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Tiene postítulo en Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile y cuenta con maestría en Defensa y Seguridad Nacional, en la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.

También es egresado del Programa de la Organización de Estados Americano (OEA) para la promoción de los Gobiernos Abiertos en las Américas.

Ayer dejó claro que las instituciones del Gobierno que vayan a contratar, dependiendo del monto, deben tener muy presente distintas modalidades de contratación, desde la comparación de precios, hasta la licitación restringida, la nacional y la licitación internacional.

“Siempre tenemos que, a través de los procesos, independientemente de que sean competitivos, libres o que puedan participar todos los proveedores, lograr que lo realizado contribuya al mercado y a la producción nacional”, indicó. Esta semana Pimentel se reunió con la Bolsa Agroempresarial Dominicana y con otras organizaciones privadas.

Enfocado
Tenemos previsto unos encuentros con la FAO y con el Ministerio de Agricultura, para ver el tema de los productos agrícolas que requiere el Estado”.

Apoyo a lo nacional
La mejor forma de combatir las ilegalidades de las importaciones es con procesos transparentes, donde los productores puedan acceder”.

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