El titular la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), aseguró este lunes que van a seguir investigando para desmontar completamente la supuesta red de corrupción sindicada al mayor general Adán Cánceres Silvestre, el exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia (Cusep).
“El Ministerio Público ha dicho que sigue trabajando para desmontar completamente esta estructura de corrupción, perseguirnos a todo el que el Ministerio Público encuentre evidencia de que se ha involucrado en sustraer fondos públicos que debieron ser dirigidos para mejorar la suerte de los hombres y mujeres que pertenecen a la Policía Nacional y al Ejército”, expresó Wilson Camacho.
Tras la jueza Kenya Romero dictar prisión preventiva contra cinco de los imputados en el caso Coral, Camacho afirmó que el dinero del erario debe ser utilizado correctamente y que quien no lo utilice de esa forma, agregó, tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados a responder por su conducta.
“Aquí un hecho muy grave que sucede en este proceso es que miles de policías y militares que tenían derecho a una mejor suerte que tenían derecho a tener un salario digno no lo han tenido porque un grupo de personas decidió tomar el presupuesto de estas instituciones y llevarlo a sus bolsillos, eso es un hecho grave en este caso y son cosas que el Ministerio Público pretende que con el procesamiento que estamos realizando de estos hechos de corrupción se corrijan con relación al futuro”, manifestó el procurador adjunto.
De su lado, la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, indicó la decisión de la jueza de enviar a Cáceres Silvestre, el exjefe la pastora Rossy Guzmán, el cabo policial Tanner Flete Guzmán, el coronel Rafael Núñez de Aza, el sargento Alejandro Montero Cruz a cumplir prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, fue tomada conforme al derecho.
Dijo que las cárceles militares crean un “privilegio irritante y eso no es posible”. “La Constitución no lo permite”, enfatizó.
“Si buscamos jurisprudencias y doctrinas comparadas no es posible que haya un privilegio en función de que sean policías o militares. Sí tienen derecho a que se tomen medidas sobre su seguridad”, indicó.
Sostuvo, además, que el Ministerio Público tiene la obligación de perseguir, “todo acto de corrupción cometido por quien sea”, al referirse a otros implicados en el caso Coral y que tendrán que enfrentarse a los tribunales en el futuro.
“El Ministerio Público no va a distinguir, y no puede distinguir, en función del trabajo, de la función que desempeñe una persona. Lo único que nosotros tenemos de límites es la Constitución y las leyes, no hay ningún otro”, expuso la procuradora adjunta.