SANTO DOMINGO. El reclamo de “mano dura” contra el proselitismo prematuro volvió a la mesa esta semana luego de que Participación Ciudadana (PC) y varios politólogos advirtieran que la Junta Central Electoral (JCE) está dejando que la precampaña les pase por delante.
Según la nota difundida en un portal digital no identificado, la organización cívica denunció que, a trece meses de los comicios de 2024, los aspirantes siguen haciendo mítines y recorridos sin que el árbitro electoral aplique sanciones. En la pieza se recuerda que la JCE ha emitido tres advertencias formales que los partidos han ignorado.
La presión sube desde el Palacio
El tema cobró más fuerza tras la reciente advertencia del presidente Luis Abinader a los funcionarios con aspiraciones “quien quiera campaña, que deje el cargo”. El llamado provocó respaldos inmediatos dentro del oficialismo y de la sociedad civil. Carolina Mejía, secretaria general del PRM, avaló la línea del mandatario y pidió “concentrarse en gobernar”, mientras FINJUS señaló que la advertencia debió llegar antes y exhortó a exigir renuncias a quien insista en proselitismo extemporáneo.
JCE advertencias sin mordida
A pesar de esos respaldos, en la práctica poco ha cambiado. Hace apenas tres semanas el presidente de la JCE, Román Jáquez, reiteró que las candidaturas podrían ser declaradas “inadmisibles” si se comprueba campaña anticipada, pero no anunció procesos sancionadores en curso. Para PC y para analistas como Rosario Espinal, las advertencias pierden credibilidad sin acciones concretas.
Qué dice la ley y cuánto duele
La Ley Orgánica de Régimen Electoral 20-23 permite multar con entre 100 y 200 salarios mínimos, y hasta impedir la inscripción de candidaturas, a quienes organicen actividades antes del calendario oficial. Sin embargo, su ejecución recae en la Unidad Administrativa Sancionadora de la JCE, un mecanismo que todavía no ha impuesto castigos ejemplares. Para colmo, el reglamento de sanciones complementario sigue en borrador desde febrero, cuando la JCE volvió a prohibir actos masivos fuera de plazo.
Un problema que ya huele a 2028
El Partido Revolucionario Moderno domina la agenda con varios “presidenciables” que no ocultan su ruta al 2028. El mismo PRM reconoció, en voz de su secretario de Organización Deligne Ascención, que “la prioridad debe ser defender la obra de gobierno” y no arrancar la próxima contienda. Pero los actos siguen, igual que las vallas y los sondeos difundidos sin registro formal, lo que reaviva el debate sobre el verdadero alcance de la JCE.
¿Y ahora qué?
Expertos consultados señalan tres caminos inmediatos:
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Aplicar sanciones reales – Una multa máxima ronda los RD$132 mil; si la JCE las hace efectivas y publica los expedientes, el efecto disuasivo podría ser mayor que mil comunicados.
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Refinar el reglamento – Establecer plazos, procedimientos y apelaciones claros para que los partidos no aleguen inseguridad jurídica.
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Reforma puntual al Congreso – Introducir topes de gasto desde la precampaña y elevar las multas en proporción al monto invertido.
Sin esos ajustes, advierte Participación Ciudadana, cada señal de pasividad abre la puerta al uso de recursos públicos y a la desigualdad competitiva, problemas que la ley pretendía frenar desde 2018.
La pelota, una vez más, queda en la cancha de la JCE o hace valer la normativa antes de que arranque el calendario oficial en 2027, o acepta que la campaña empezó sin ellos.
