El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, condenó el apreso de los precandidatos presidenciales de Nicaragua, Cristiana Chamoro y Arturo Cruz, quienes fueron detenidos a cinco meses de las elecciones generales del próximo 7 de noviembre.
«Las detenciones de los precandidatos presidenciales Cristiana Chamorro y Arturo Cruz en Nicaragua son un acoso de la oposición ante las elecciones presidenciales de noviembre. Estas medidas antidemocráticas indican la creación de un ambiente de intimidación e intolerancia», escribió Álvarez a través de un mensaje colgado en su cuenta de Twitter.
El funcionario expresó que los cargos contra Chamorro y Cruz y la cancelación de personería jurídica del único partido de oposición con que contaba la Coalición Nacional para enfrentar al presidente Ortega, apuntan a la eliminación de toda oposición democrática.
Instó a las autoridades a liberar a los políticos .
Los exjefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), se refirieron al arresto domiciliario e inhabilitación para cargos públicos de la opositora nicaragüense Cristiana Chamorro Barrios, una medida «arbitraria e ilegítima» y justificada «bajo falsas acusaciones», dijeron.
Los exfuncionarios criticaron que en Nicaragua, «bajo la dictadura de Daniel Ortega y (la primera dama) Rosario Murillo, se degradan a pasos acelerados las garantías básicas y el clima necesarios» de cara a las próximas elecciones en el país centroamericano.
El equipo de prensa del aspirante opositor a la Presidencia de Nicaragua Arturo Cruz informó ayer que el académico se encuentra en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como «El Chipote».
Cruz fue el segundo aspirante opositor a la Presidencia en ser arrestado, la primera fue la precandidata Cristiana Chamorro, quien fue declarada bajo arresto domiciliario.
Otros dos precandidatos a la Presidencia por la oposición han denunciado que tienen «casa por cárcel», a pesar de que no enfrentan acusaciones legales, mientras que cinco de los restantes siete aspirantes disidentes han denunciado ser víctima de «persecución y acoso» de la Policía Nacional.