La Generalitat catalana, el gobierno regional de la región española de Cataluña, declaró este jueves la emergencia por sequía, una situación sin precedentes, que afectará a seis millones de personas de Barcelona y Girona, cuyo consumo quedará limitado a un máximo de 200 litros por habitante y día.
Así lo anunciaron en rueda de prensa tras la comisión interdepartamental de sequía el propio presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el responsable de Acción Climática, David Mascort.
«No nos habíamos enfrentado nunca una sequía tan larga desde que existen mediciones de lluvia. Arrastramos tres años en los que no llueve como el país necesita», justificó Aragonès, quien defendió el «trabajo» y la «inversión» para mitigar los efectos y retrasar hasta 15 meses la entrada en emergencia.
Hasta 239 municipios de las áreas metropolitanas de Barcelona y Girona entrarán desde mañana viernes en emergencia, lo que implicará que estos ayuntamientos tendrán que controlar los consumos de los ciudadanos y servicios que se abastecen con la red pública.
Las nuevas restricciones establecen un límite de 200 litros por habitante y día para todos los usos (se suman los industriales, agrícolas, recreativos o personales); en los hogares, se recomienda que el consumo sea de 90 litros. La ciudad de Barcelona no tiene consumos superiores en estos momentos.
Para reducir el consumo, cabe la posibilidad de bajar la presión del agua en los municipios que superen los máximos, algo que es competencia del Área Metropolitana de Barcelona.
Además, se reduce en un 80 % el riego agrícola, en un 50 % el de ganadería y en un 25 % el industrial, el mismo porcentaje que se aplica para usos recreativos.
Queda prohibida la limpieza de espacios urbanos con agua potable ni lavar el coche por el mismo sistema.
Se prohíbe también el llenado total o parcial de todo tipo de piscinas con agua dulce, lo que incluye las de los hoteles y cámpings, si bien el sector salvará la Semana Santa y el verano usando agua salada, lo que sí está permitido.
Tampoco estará permitido el uso de agua para el riego de jardines y zonas verdes, tanto privadas como públicas, excepto si es para la supervivencia del arbolado o jardines botánicos públicos siempre que se haga con aguas regeneradas o freáticas, como ya hace el Ayuntamiento de Barcelona, entre otros municipios.
Además, se ha aplicado una moratoria para nuevas actividades económicas que requieran un uso intensivo del agua como granjas nuevas o ampliación de las existentes, industrias o actividades turísticas y nuevos planes urbanísticos.
Sobre el sistema sancionador, Mascort destacó que se está trabajando con los ayuntamientos para adaptar las nuevas medidas y obtener ayudas para mejorar sus redes de suministro, pero en último término se tendrá que aplicar las sanciones que correspondan porque así lo prevé el plan de sequía.
EFE
