De acuerdo con el documento de solicitud de medida de coerción del caso Coral, el general Adán Cáceres y la pastora Rossy Guzmán utilizaron un entramado militar, policial, societario y religioso para ocultar sus objetivos reales y granjearse una aceptación social a través de dádivas que no representaban cantidades de mayor importancia.
El Ministerio Público detalla que los agentes oficiales se prestaron para hacer millonarias transacciones sin justificación de la procedencia de los recursos, los cuales eran fondos detraídos del patrimonio público, a través de instituciones castrenses y otras organizaciones.
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Indica además, que estos crearon una empresa disfrazada de asociación, realizando por esa vía ofertas millonarias típicas de una organización empresarial para evadir la fiscalización de las sociedades comerciales dándole una apariencia de una Organización no Gubernamental.
“Constituyeron un entramado societario dentro del período en el que el principal autor para el presente tentáculo del pulpo estaba en las entrañas del poder, por sus funciones y sus vínculos con el primer ejecutivo de la nación y tenían una absoluta impunidad para poder mover cientos de millones de pesos por medio de sociedades que recibían de oficiales y civiles sin solvencia económica justificada o razonable, transacciones millonarias”, explicó
El documento puntualiza que los implicados para la adquisición y construcción de bienes utilizando organizaciones religiosas como escudo, en una maniobra propia del crimen organizado que busca disfrazar operaciones de lavado de activos millonarias.
Las autoridades enfatizan que los acusados colocaban en nóminas públicas personas sin trabajar, convirtiendólas en sus prestanombres.
“Distrajeron fondos del Estado a través de personas que figuraban en nóminas públicas sin trabajar y recibían un pago mensual a cambio de ser prestanombres obtener una pequeña suma de dinero y devolver entre el 80 y el 90% de lo cobrado, cada mes para ser distribuido entre los miembros de la organización”, dice.
Afirma que fueron sellos de distintas instituciones públicas como la Contraloría General de la República para darle apariencia lícita a las operaciones que buscaban distraer los fondos del Estado Dominicano.
Adquirieron bienes millonarios para colocar los activos distraídos del patrimonio público y hacerse titulares a través de personas físicas y jurídicas de cuantiosas fortunas.
Estos desviaron además, fondos que eran para gastos de operaciones de raciones alimenticias y viáticos de representación.
“Concertaron entre funcionarios para ejecutar medidas y operaciones contrarias a la ley. Destruyeron y fabricaron evidencias con el objetivo de evitar que las investigaciones del Ministerio Público pudieran identificar la red criminal”, concluye.
El organo acusador manifiesta que estos ocultaron el origen ilícito de los fondos distraídos a través de una asociación de malhechores que realizó de manera sistemática, organizada y coordinada acciones y omisiones al más alto nivel.