En el documento de la acusación del Ministerio Público, contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez, se establece que el exfuncionario supuestamente distraía fondos públicos a través de bienes incautados.
El extracto hace constar que a menos de siete días de cesar en sus funciones de Procurador General de la República, Rodríguez Sánchez, se «coalicionó» junto a los funcionarios Jonnathan Joel Rodríguez y Alejandro Martin Rosa , para emitir de manera ilegal el cheque No.001239.
Este de fecha 13 de Agosto del 2020, desde la cuenta especializada de Lavado de Activos de la P.G.R. por valor de treinta y cuatro millones quinientos veinte y dos mil trecientos sesenta y cuatro pesos con treinta centavos (RD$34,522,364.30).
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Emitido a favor de FIRE CONTROL SYSTEMS, SRL, RNC:1-31-05278-9, bajo el supuesto de “reembolso de gastos por penalidad incurridos por la empresa FIRE CONTROL SYSTEMS, SRL, por remodelación, terminación y costos asociados del inmueble ubicado en la Calle Las Ceibas, No.5, Bella Vista, Santo Domingo, Distrito Nacional.
Dicho inmueble está a nombre del Estado, pues había sido decomisado en el caso «Quirino».
Según el Ministerio Público, el mencionado cheque fue emitido incurriendo en las maniobras fraudulentas de alteración, supresión y suplantación del contrato original de Acuerdo de Custodia y Ocupación de Bien Inmueble, de fecha 31 de octubre del 2019.
DIO SRL, la empresa a la que Jean Alain pagó más de 18 millones por capacitaciones
Según la acusación del Ministerio Público, la Procuraduría bajo la dirección Rodríguez, pagó supuestamete más de 18 millones de pesos por concepto de capacitaciones, desde febrero 2018 a febrero 2020.
Estos contratos por concepto de talleres y cursos, eran suscritos entre la Procuraduría y la empresa Desarrollo, Individuo & Organización (DIO, SRL), representada por Miguel José Moya, exasesor de Jean Alain.
El primero fue suscrito en febrero del 2018, por un monto de RD$3,728,400.00, pagados posteriormente en 3 partidas.
El segundo contrato se realizó en junio del mismo año, por un monto igual al primero.
En octubre del 2018, se redactó un documento titulado «reconocimeinto de deuda», en el cual se afirma que DIO SRL, desarrolló del 15 de agosto al 15 de octubre «talleres sobre integración a los fines de fortalecer el clima laboral entre los empleados de la Procuraduría».
Este documento establecía la deuda de RD$2,485,600.00, posteriormente también pagada a favor de la entidad.
El siguiente contrato fue suscrito en febrero del 2019, por el ya conocido monto de RD$3,728,400.00, y el último por este concepto se pactó en febrero 2020, por un monto de RD$4,770,000.00.
Según la acusación del Ministerio Público, la mayoría de estas facturas por concepto de esos contratos eran pagadas sin ningún sustento de que hayan sido impartidos los talleres.
Asimismo, la acusación establece que en el proceso de comparación de precios que debe hacerce para la contratación de servicios, la única entidad que participaba era DIO, SRL.
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El siguiente contrato fue suscrito en febrero del 2019, por el ya conocido monto de RD$3,728,400.00, y el último por este concepto se pactó en febrero 2020, por un monto de RD$4,770,000.00.
De acuerdo con el órgano acusador, la mayoría de estas facturas por concepto de esos contratos eran pagadas sin ningún sustento de que hayan sido impartidos los talleres.
Asimismo, la acusación establece que en el proceso de comparación de precios que debe hacerce para la contratación de servicios, la única entidad que participaba era DIO, SRL.
Director de Tecnología de la Procuraduría también está implicado en Operación Medusa
Javier Alejandro Forteza Ibarra, también esta presuntamente involucrado en el entramado que investiga la Operación Medusa.
Este se encargaba alegadamente de formatear la base de datos de los servidores de la institución.
Según el acta de acusación, durante el desempeño de sus funciones, en fecha 20 de febrero del año 2020, «eliminó de manera intencional la base de datos inscripto en la data de los servidores y de los backup conectados en línea».
Costa en el documento que también fue alterada y formateada la data de información de los departamentos administrativos, coma son Portal Web institucional, impedimentos de salida y sistema administrativo.
De igual manera eliminó los datos almacenados en el correo institucional del dominio pgr.gob.do, «donde se encontraban alojados los datos y usuarios de los fiscales y personal administrativo».
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La acusación plantea además que en el inventario llevado a cabo por la gestión de la procuradora Miriam German, se establece la existencia de un dispositivo bloqueador de señal tipo mochila y el equipo antidrone número de referencia 9125073554, con serial JD01460008094076113, comprado a la compañía Aldelay Groupe, S.R.L, por la suma de RD$3,974,156.76.
Agrega que el señor Javier Forteza Ibarra director de DITC, fue quien recibió el citado equipo emitiendo una certificaci6n de fecha 13 de agosto de 2020, afirmando que este equipo se lo había entregado al despacho del procurador en fecha 12 de Agosto de 2020.
“No encontrándose ningún registro oficial de esta supuesta entrega y mucho menos los equipos de forma física en ninguna dependencia del Ministerio Público, menos en el Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación que gestiono la compra de dichos equipos, el cual hasta la fecha se encuentra desaparecido”, establece la acusación.
Qué es la Dirección de tecnología del Ministerio Público?
La Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC), se encarga del mantenimiento de la infraestructura tecnológica, las bases de datos, los sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicaciones gestionando eficientemente los riesgos y asegurando la provisión continua de los servicios tecnológicos de la institución.