Es evidente que la democratización de la información a través de las redes sociales contribuye al fortalecimiento de la democracia social y política del país; sobre todo en lo tocante a los abusos cometidos por autoridades oficiales, funcionarios públicos, policiales o militares que amparados en la autoridad del rango o la posición pública, en muchas ocasiones pretenden que son factibles de privilegios especiales, propios de épocas de triste recuerdo, del cual no gozan los ciudadanos comunes.
El nuevo gobierno ha dado señales de que el respeto a la ley se impondrá en la República Dominicana, que será un aporte tan significativo para el país, comparable al servicio que rindió en el 1978 el PRD a la nación, cuando al tomar el poder Don Antonio Guzmán Fernández abrió la puerta de las cárceles a los presos políticos y los exiliados del régimen de los 12 años pudieron volver al país a ejercer sus derechos ciudadanos, sin ser perseguidos por sus ideologías políticas, lo que significó un gran avance para la democracia y el desarrollo nacional.
Es saludable que actitudes de corte trujillista, donde la prepotencia y el abuso de poder le pasan por encima a postulados y derechos constitucionales, no tengan cabida dentro del estado democrático de hoy. Que nuestros funcionarios sean civiles o militares comiencen a entender que más que dioses del olimpo lleno de privilegios, son ciudadanos que por circunstancias especiales ocupan cargos que les otorga el poder civil, es decir el pueblo, para que administren bienes y servicios que solo le corresponden al pueblo, que no merece maltratos.
Es hora de que los militares sin importar su rango entiendan que las calles no son los cuarteles y que en la calle cuando no están ejerciendo sus funciones, pasan a ser ciudadanos igual que los demás y que tienen que ser los primeros en respetar las leyes. Los funcionarios públicos sin importar la posición deben aterrizar, son funcionarios electos o nombrados para prestar un servicio a la sociedad, que los coloca y les paga para que le sirva, no para que se sirvan y en cambio maltraten y atropellen al ciudadano o a los funcionarios de menor rango, cuando intentan que un engreído respete la ley, que no es solo para los civiles, sino para todas y todos los ciudadanos del pais.