Alrededor de 130 personas ligadas a la pandilla Mara Salvatrucha (MS13), entre ellas un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), fueron detenidas la madrugada de este lunes en El Salvador por estar vinculadas a 52 homicidios, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El director de la zona oriental del país del Ministerio Público, Rafael Franco, explicó que detenciones se hicieron efectivas durante un operativo que se realizó en los departamentos de Usulután, Morazán, San Miguel y La Unión, todos al oriente de El Salvador, para “impactar” a un conjunto de células denominadas “programa Nueva York” de la MS13.
“Este programa está compuesto por 7 clicas (células), las cuales tenían un control territorial delictivo” en diversas localidades, apuntó el funcionario, quien no brindó los nombres ni las edades de los arrestados.
Además de las capturas, las autoridades notificaron a 78 pandilleros encarcelados que serán procesados junto a los detenidos por los delitos de homicidios, extorsión, privaciones de libertad, proposición en el delito de homicidio, hurto y robo.
Entre los homicidios atribuidos a estas estructuras se encuentra el del investigador de la Policía Mauricio Martínez, “acribillado a tiros” el 17 de agosto de 2016 en el occidental departamento de Santa Ana.
El Salvador es asediado por la MS13, que Estados Unidos busca erradicar, el Barrio 18 y otras pandillas minoritarias que poseen más de 600 grupos en todo el país y a las cuales el Gobierno atribuye la mayoría de los crímenes.
Las autoridades atribuyen a estos grupos criminales los índices de violencia de entre 103 y 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes registrados entre 2015 y 2018, cifras que ponen al país como uno de los más violentos del mundo.
Para contrarrestar el accionar de estas estructuras criminales, el Ejecutivo de Nayib Bukele lanzó el pasado 20 de junio un plan de control territorial con el que se han concentrado a más 7.000 efectivos de la Policía y del Ejército en 22 localidades.
El plan también incluye la rotación de los pandilleros presos para supuestamente romper la organización de dichos grupos al interior de las prisiones y cortar sus comunicaciones con el exterior.
Estas bandas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro administraciones.