La fiscal Mirna Ortiz informó ayer que empleados de militares activos han amenazado de manera directa al personal del Ministerio Público responsable de custodiar los más de 150 bienes incautados a los implicados en el caso de corrupción Coral.
“Amenazas de manera directa han recibido nuestros encargados de bienes incautados, que son las personas que se trasladan a los lugares que son objeto de investigación por parte del Ministerio Público, y estas personas que cuidan o custodian o que obedecen a las órdenes de militares activos han querido amedrentar a parte de los miembros del Ministerio Público que se dedican a realizar esta función”, detalló.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) recordó, además, que el Ministerio Público investiga a las personas que espiaban a la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso y a cualquier otra que pretenda entorpecer las investigaciones contra los involucrados en el entramado de corrupción.
Dijo que una vez se determinen responsabilidades, se abriría un nuevo proceso, por delitos distintos a los de corrupción administrativa. Los sometimientos podrían incluir tanto a los militares que fueron descubiertos ubicando la residencia y lugares frecuentes de Reynoso, directora general de Persecución del Ministerio Público, así como a cualquier otra persona que pretenda entorpecer las investigaciones.
Lealtad a Adán Cáceres
Ortiz recordó que el mayor general Adán Cáceres Silvestre, hasta ahora identificado como cabecilla del entramado del caso Coral, permanece como militar activo y que existen en las instituciones personas que actúan según su lealtad al poder militar.
La fiscal aseguró que a pesar de los intentos por amedrentar el trabajo de los fiscales y personal que investiga los casos de corrupción, el Ministerio Público no se detendrá en su misión de perseguir a los violadores de la ley. “Este Ministerio Público no tiene miedo, no se amedrenta”, expresó Ortiz.
Solicitan investigar amenazas contra Adán
Ayer, los abogados de Adán Cáceres Silvestre solicitaron a la procuradora Miriam Germán Brito disponer de una “inmediata” investigación sobre las alegadas amenazas que el imputado estaría recibiendo en el Centro de Corrección y Rehabilitación Nahayo-Hombres, donde se encuentra cumpliendo prisión preventiva desde mayo, tras ser sometido a la justicia.