Educa en desacuerdo con proyecto de ley de Héctor Acosta

Educa en desacuerdo con proyecto de ley de Hector Acosta
Samuel Conde, presidente de Educa.

Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) consideró que la única forma efectiva de reducir el precio de los servicios educativos privados, es mejorando la calidad de la educación pública. De esta manera tendrán acceso todos aquellos ciudadanos del país sin importar su origen o condición económica.

El planteamiento de Educa es en reacción al proyecto de ley que propone eliminar el pago de la reinscripción de los colegios privados en el país por el periodo 2021-2022, presentado por el senador de la provincia Monseñor Nouel, Héctor Acosta (a) El Torito, que fue aprobado en primera lectura por el Senado de la República el pasado martes.

La entidad expone mediante un documento que la intención del senador “se enmarca en las viejas tradiciones históricas, cuya vocación de los gobernantes de turno era controlar los precios de algunos bienes y servicios que entienden debieran ser ofrecidos a valores justos”.

El documento de Educa, sugiere una medida más efectiva para lograr que los precios de la educación privada bajen sustancialmente.

“Controlar los precios en una economía y esperar que funcione, es lo mismo que intentar saltar de un octavo piso pensando en flotar, por el simple hecho que una ley o un decreto así lo dictamine. Simplemente no funciona”, afirmó Samuel Conde, presidente de Educa.

Conde explicó que de aprobarse el proyecto de ley los centros privados, al verse imposibilitados legalmente de cobrar y recibir los recursos por reinscripciones, tendrán que trasladar esos valores o costos al precio de la matrícula, o al de otros bienes y servicios ofrecidos por la institución. “Los esfuerzos tendrán que enfocarse en mejorar la calidad de la educación pública, para que menos familias tengan que hacer el sacrificio de enviar a sus hijos a la educación privada”, dijo el titular de Educa
El proyecto establece que los centros privados que incumplan la ley serán sancionadas con multas de diez a cien salarios mínimos del sector público.

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