El Departamento de Estado de Estados Unidos a través del informe anual sobre prácticas de Derechos Humanos, explica que aunque el Gobierno cumple con lo establecido en la Constitución dominicana, que contempla la prohibición de las detenciones arbitrarias y prevé el derecho de cualquier persona a impugnar la legalidad en su detención ante los tribunales, los arrestos arbitrarios y las detenciones ilegales siguen representando un grave problema para el país.
Puntualizaron que las personas percibidas como migrantes haitianos indocumentados, que con frecuencia son detenidas en residencias públicas o privadas sin causa probable ni una orden judicial, son los que se han visto más afectados por las acciones de las autoridades dominicanas que cometen las detenciones ilegales.
De igual modo, recibieron informes de que agentes de migración detuvieron personas sin justificación, incluidos ciudadanos dominicanos, residentes extranjeros legales y otros, basándose principalmente en la percepción de que podrían ser haitianos indocumentados.
El documento expone que, de acuerdo a lo establecido en la ley, una persona acusada de un delito puede ser detenida sin una orden judicial durante un máximo de 48 horas, sin embargo, el Departamento de Estado recibió informes de detenciones arbitrarias y personas que fueron detenidas en cuarteles de la policía o centros de detención de inmigrantes, durante largos periodos de tiempo antes de ser librados, trasladados o deportados.
Organizaciones internacionales y de la sociedad civil informaron a Estados Unidos que, durante las operaciones de prohibición migratoria, la Dirección General de Migración, la policía y las fuerzas militares realizaron redadas esporádicas en comunidades vulnerables y de alta criminalidad, durante las cuales arrestaron y detuvieron ciudadanos y extranjeros con documentos de residencia válidos sin orden judicial.
Durante esas redadas, aparte de las detenciones, confiscaron bienes personales presuntamente utilizados en actividades delictivas, mientras que grupos de la sociedad civil afirmaron que la policía a menudo no podía proporcionar pruebas ni demostrar una causa probable para dichas detenciones.
Debido a la falta de acceso de los agentes de migración a una base de datos que les permita verificar la nacionalidad o el estatus legal de las personas detenidas, surgió una corrupción generalizada, incluyendo la extorsión de los detenidos y el robo de sus pertenencias personales durante las detenciones iniciales y mientras estaban bajo custodia en los centros de detención.
Condiciones de las cárceles
Según la Oficina Nacional de Defensa Publica, la gran aglomeración, las condiciones insalubres y el abuso físico, siguen siendo un problema en muchas cárceles como en La Victoria, que fue diseñada para una capacidad máxima de 2,103 personas y albergaba a 7,335 reclusos.
Al igual que, los centros de detención de migrantes en Haina y Santiago, así como en los centros de recepción fronterizos más pequeños en Dajabón, Elías Pina, Jimaní y Pedernales, tienen la misma problemática.
El documento sostiene que, en las cárceles y centros de detención de inmigrantes, las condiciones sanitarias y de salud eran deficientes, siendo las enfermedades la principal causa de muerte de muchos reclusos, por la aglomeración y la falta de recursos sanitarios.
A pesar de que en las correccionales tenían enfermerías, en la mayoría de los casos, los reclusos compraban sus propios medicamentos o dependían de familiares o amistades externas para que les proporcionaran los medicamentos, ya que en la penitenciaria no se podían satisfacer las necesidades de los reclusos.
El Departamento de Estado recibió informes frecuentes de maltratos, violencia, acoso, extorsión, revisión inapropiada a los visitantes, tráfico de drogas, tráfico de armas, prostitución y abuso sexual en las cárceles.
