Desde hace varios años, diferentes organizaciones sociales han estado exigiendo la eliminación de instituciones del Estado que consideran innecesarias y que absorben del Presupuesto Nacional, recursos que pudieran ser utilizados para garantizar derechos ciudadanos.
Previo a asumir la Presidencia de la República en el 2012, Danilo Medina firmó el “Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad”, un acuerdo elaborado por Participación Ciudadana (PC) en la que el jefe de Estado se comprometía a cumplir 21 puntos para el fortalecimiento de la administración pública, impulsar las medidas contra la corrupción, por la transparencia y la institucionalidad.
Desde ese entonces, los esfuerzos gubernamentales para reducir la duplicidad de funciones no han sido suficientes, de acuerdo con reportes de Participación Ciudadana.
Tres años después de haber rubricado el documento, esa organización no partidista le exigió al mandatario “entereza, firmeza y voluntad” para iniciar la supresión o modificación de entidades ineficaces, ya que consideraba en ese momento que la voluntad del Gobierno en ese sentido era escasa.
Una de las principales exigencias de PC en ese sentido era la aprobación del Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública No. 247-12.
Este reglamento establece los principios comunes de funcionamiento de la Administración Pública Central y Descentralizada del Estado. Entre otras cosas, prohíbe la creación de órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprimen estos órganos preexistentes o se les restringe debidamente su competencia.
El presidente Danilo Medina cumplió dos períodos consecutivos de gobierno y no aprobó el reglamento de aplicación de la Ley 247-12.
Algunos de los casos de duplicidad de funciones que ha venido denunciado PC desde hace años están en el área de las obras públicas. Uno de ellos, es la existencia de la Dirección General de Mantenimiento de Carreteras y Caminos Vecinales, perteneciente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), y la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación, dependiente de la Presidencia de la República.
Otro se trata de la Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras, dependiente del MOPC, y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), dependiente de la Presidencia de la República.
El presidente electo, Luis Abinader, anunció recientemente que a partir del 16 de agosto, cuando asuma su cargo, eliminará la OISOE, “como parte de la reestructuración y eficientización del Estado”. El próximo ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, igualmente avisó que el nuevo gobierno sacará de funcionamiento otras entidades.
Otra de las organizaciones que han denunciado irregularidades en instituciones del Estado ha sido Oxfam. A través de su informe “Se buscan recursos para garantizar derechos”, del 2017, advierte que en el tren gubernamental existen 77 instituciones en las que se han encontrado duplicidades de funciones y que sirven muy poco a la ciudadanía, porque no rinden cuenta de lo que hacen o en qué gastan sus asignaciones presupuestarias.
Oxfam puntualiza que, de esas instituciones, 34 son dependencias sectoriales y 43 son consejos o comisiones.
Los resultados de ese estudio advertían de un margen de maniobra de un 0.4 % del PIB en el 2017, y 0.3 % del PIB promedio para el período fiscal 2018-2020, cuya proyección oficial del PIB nominal para esa última fecha ascendía de RD$3,953 millones a RD$4,714 millones.
Este volumen de recursos representó para el año 2017 casi RD$13,000 millones, lo cual, subrayó Oxfam, fue casi 11 veces superior a lo asignado a vivienda social, así como nueve veces superior a lo previsto para servicios hospitalarios, que representa, además, más recursos que lo contemplado para el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.
Señala instituciones con duplicidad de funciones
Entre las instituciones que Oxfam considera deberían ser eliminadas están la Liga Municipal Dominicana, que según indica, representaría RD$816.5 millones como ahorro potencial; el Despacho de la Primera Dama y la OISOE.
Igualmente la unificación del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y del Instituto Azucarero Dominicano; paso del Instituto Agrario Dominicano a la estructura interna del Ministerio de Agricultura; fusión del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Pro-Industria) y el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD), entre otros. Oxfam citó el estudio realizado por PC titulado “Estructuras del Estado dominicano: hacia una renovación pertinente”, que plantea que aunque el Estado está compuesto principalmente por ministerios, en paralelo a estos hay otros tipos de organismos de ámbito nacional, entre los que están los órganos descentralizados y los autónomos, las oficinas nacionales, consejos, direcciones generales, comisiones nacionales, superintendencias y programas sociales. Oxfam advierte que los recursos que se gastan en esas instituciones duplicadas pueden servir para garantizar los derechos de la población.