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viernes, julio 23, 2021

Entidades firman acuerdo para combatir la piratería en el país

Entidades firman acuerdo.

SANTO DOMINGO. – El Ministerio de Industria Comercio y Mipymes (MICM), la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), la Compañía Dominicana de Teléfonos (Claro), así como Altice Dominicana y la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (COMTEC), firmaron un acuerdo para trabajar de manera conjunta para garantizar la legalidad de la retransmisión de contenidos audiovisuales en el país y combatir ilícitos de propiedad intelectual.

El acuerdo fue firmado por el ministro del MICM, Víctor –Ito- Bisonó; el director general de ONDA, José Rubén Gonell; Claudia García, directora ejecutiva de COMTEC; Ana Figueiredo, presidenta de Altice Dominicana y Juan Rogelio Viesca Arrache, presidente ejecutivo de Claro Dominicana.

El ministro Bisonó explicó que “Esta es una oportunidad para promover el pensamiento estratégico, la investigación y la toma de decisiones más informadas en el país. Las buenas prácticas nos mueven cada día en torno a la excelencia, la institucionalidad, la transparencia y la eficiencia”.

“Acuerdos como este destacan la importancia de la propiedad intelectual y del apego a la ley a la hora de retransmitir contenido. Seremos proactivos para promover un nuevo nivel de consciencia al respecto, debemos ser implacables con quienes infringen la ley”, enfatizó Bisonó.

De su lado, la directora ejecutiva de COMTEC, en nombre de la expresó su agradecimiento al Ministerio de Industria Comercio y Mipymes y a la ONDA, por la receptividad con que atendieron su planteamiento sobre la situación actual de la extracción ilegal de contenidos en la televisión de suscripción.

“Este es un primer paso para grandes acciones y de un plan de acción que conllevará y necesitará una mesa de trabajo donde nosotros podamos aportar nuestro conocimiento técnico y experiencia y el Ministerio y Honda seguir con su compromiso de acciones para poder eliminar estas prácticas que están afectando, no solamente a la competencia en el sector, sino también a la recaudación del Estado”, dijo Claudia García.

Las instituciones asumieron el compromiso de promover estrategias y medidas para que en el país se cumplan los compromisos sobre propiedad intelectual asumidos en la legislación nacional y, en especial, en el Capítulo 15 del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA), en cuanto a la legalidad del contenido retransmitido.

De su lado, el MICM promoverá el cumplimiento de los compromisos sobre propiedad intelectual asumidos por el Estado dominicano en los tratados comerciales internacionales.

Con la firma, la ONDA se compromete a iniciar procedimientos legales conjuntamente con el Ministerio Público para cerrar temporalmente los establecimientos que infrinjan derechos de autor, con relación a la retransmisión de contenido, o que operen de forma ilegal.

Adicionalmente supervisará, detendrá y sancionará las personas jurídicas y físicas que ofrecen al público servicios de televisión de paga en las diferentes provincias del territorio dominicano.

La firma del convenio es resultante de la receptividad del MICM y la ONDA a los planteamientos de COMTEC sobre el estado de situación de la retransmisión ilegal de contenidos de televisión por suscripción en la República Dominicana.

En el país, en los últimos años, ha proliferado la práctica de parte de individuos y empresas difusoras de televisión por suscripción, de captar de manera no autorizada las señales de los satélites utilizados internacionalmente para la difusión y retransmisión de contenido televisivo; así como, la conexión de equipos ilegales para lograr la referida retransmisión sin los permisos y licencias correspondientes.
Esto ha provocado que República Dominicana se encuentre entre los primeros lugares en las listas de piratería internacional.

Las acciones que se desplegarán con la implementación del acuerdo tienen por objeto promover mecanismos para la denuncia y persecución de dichas actividades ilegales que tienen un impacto negativo en la competitividad de las prestadoras locales, en la recaudación de los impuestos por el gobierno central y en la reputación del país en el contexto de cumplimiento de obligaciones de acuerdos internacionales en materia de derechos de autor.

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