El Informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos criticó que el Ministerio Público no haya presentado cargos adicionales en el caso Odebrecht, pese a la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas que reveló sobornos adicionales de 39.5 millones a los 92 millones que fueron reconocidos por la compañía brasileña.
En la parte gruesa que habla de la corrupción el informe señala el caso Odebrecht y los 14 primeros acusados por presuntos vínculos con $ 92 millones en sobornos pagados por la empresa constructora para obtener contratos de obras públicas.
“Los seis acusados incluían un senador, un representante de la cámara baja, un ex senador y un ex ministro de obras públicas. La sociedad civil acogió con beneplácito el juicio como un paso adelante en la lucha contra la corrupción, pero los activistas destacaron lo que percibían como falta de voluntad política para investigar el caso, que involucraba a las élites políticas y económicas del país” resalta.
En lo que concierne a la segunda investigación que involucra a la termoeléctrica dicta que “En junio, un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló que, además de los $ 92 millones informados públicamente en sobornos, Odebrecht distribuyó otros $ 39.5 millones en incentivos durante la construcción de la planta de carbón de Punta Catalina. Después de que este informe se hizo público, la Oficina del Fiscal General interrogó a consultores financieros involucrados en el proceso de licitación de la planta, pero no presentó ningún cargo adicional. El fiscal general y una comisión designada por el gobierno desestimaron previamente las acusaciones de irregularidad en el proceso de contratación de la planta”.
Las ONG señalaron que el mayor obstáculo para las investigaciones efectivas fue la falta de voluntad política para enjuiciar a las personas acusadas de corrupción, “en particular las personas bien conectadas o los políticos de alto nivel. La corrupción gubernamental siguió siendo un problema grave y una queja pública” agrega el informe.