Las autoridades no se detendrán solamente en los diez implicados en el supuesto entramado societario que tenía Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, para beneficiarse con dinero del Estado.
Ayer, el Ministerio Público realizó otros allanamientos como parte de las acciones de la Operación Anti-Pulpo.
Uno de ellos fue hecho en la residencia de Víctor Guillermo Librán Báez, el excónsul del país en Cuba en la gestión de Medina, quien, además, figura como coimputado en este caso.
De la residencia del exdiplomático salieron tres camionetas del Ministerio Público, en las cuales habían cinco maletas cubiertas por una manta color naranja. De acuerdo al abogado Cándido Simón, amigo de la familia, cambiaron el llavín de la puerta y dejaron dos agentes custodiando.
El jurista también dijo que Librán Báez se encuentra en Cuba y que los agentes no tenían acta de allanamiento para entrar en la residencia.
El órgano acusador ha establecido que desde que Medina asumió el poder en el 2012, su hermano Alexis junto a los integrantes de la supuesta red, que incluyen a cinco exfuncionarios y a Librán Báez, crearon y usaron una cantidad considerable de personas morales a los fines de estafar y desfalcar al Estado dominicano, “en ese concierto de voluntades con varios funcionarios públicos a través de procesos de contrataciones públicas en múltiples instituciones del Estado”.
El Ministerio Público dijo que la intensificación de los allanamientos formaba parte de “las múltiples acciones” que desarrolla el cuerpo investigativo, compuesto por unos 50 fiscales y técnicos.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, dijo ayer que están investigando a todo el que tenga relación con este caso.
Al preguntarle si investigarán a la exdiputada Lucía Medina, hermana de los imputados Alexis y Carmen Magalys, quien es citada como beneficiaria de recursos del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Camacho se limitó a decir que “investigaremos a todo el que tenga relación con estos casos”.
Además de Alexis y Carmen Magaly Medina, también hermana del expresidente Medina y ex vicepresidenta del Fonper; están detenidos Rafael Germosén, excontralor general de la República,
También, Freddy Hidalgo, exministro de Salud Pública; Fernando Rosa, expresidente de Fonper; Francisco Pagán, exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) y Aquiles Christopher, de la Unidad de Análisis de la entidad.
Y Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Domingo Antonio Santiago Muñoz, supuestos testaferros de Alexis. El domingo se les conocerá medida de coerción.
Hay decenas de casos abiertos
Pero además de este, hay decenas de casos de corrupción administrativa, los cuales, el magistrado Camacho y su equipo investigador están profundizando.
Las intenciones son sacar nuevos expedientes y llevarlos a los tribunales por lo que están realizando un sinnúmero de acciones, incluyendo interrogatorios a personas que tienen alguna vinculación con los casos de corrupción que están en la fase investigativa.
“En base a esas investigaciones que están abiertas estamos citando personas; no (es) solo un caso, los casos que estamos investigando son varios; por eso estamos citando a varias personas, y en el futuro esperamos sacar también estos procesos y llevarlos a los tribunales”, aseguró el magistrado Camacho.
Por ejemplo, Yocasta Guzmán, ex directora general de Compras y Contrataciones Públicas, está citada para hoy a las 2 de la tarde, para ser interrogada sobre las supuestas irregularidades en procesos de compras que se hizo, a principios del estado de emergencia, en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), en la gestión de Berlinesa Franco.
Sobre Inaipi y diferencia entre exfuncionarias
Yocasta Guzmán afirmó que Berlinsea Franco mintió y ocultó informaciones al Ministerio Público. Indicó que recomendó, vía correo, a Franco que cumpliera con los puntos necesarios para hacer compras de emergencia. Dijo que el proceso fue para la adquisición de 40 mil kits por 100 millones de pesos. Agregó que no tiene nada que ver con las irregularidades cometidas en la institución. De su lado, Franco rechazó estas declaraciones y afirmó que este proceso de licitación tuvo el acompañamiento técnico de la Dirección de Compras desde el inicio hasta la suspensión en abril pasado. Además, dijo, el proceso de compra nunca fue adjudicado a ningún oferente ni se realizó ningún pago.