El abogado José Miguel Fernández, afirmó este miércoles que desde enero del 2015 al 2020 el gobierno ha gastado más de dos mil quinientos millones de pesos en alquiler y remodelación de locales propiedad de particulares.
Indicó además que esta situación que no se corresponde con los principios de economía, racionalidad y eficacia que deben caracterizar los actos de la administración pública
“Con las altas suma de dinero gastadas con o sin justificación en alquileres, las entidades del gobierno han debido adquirir locales propios, bien sean financiados a través del Banco de Reservas o con recursos internos, por cuanto exhortó al presidente Luis Abinader, prohibir el dispendio en rentas de locales y espacios que solo benefician a terceros, y por el contrario, ordene comprar terrenos y construir edificaciones acorde a las necesidades de espacios físicos de las instituciones”, precisó Fernández mediante una nota de prensa.
Enfatizó también, que la calidad y eficacia del gasto deben prevalecer en la ejecución del presupuesto asignado a cada órgano y ente del Estado. En ese tenor considera que las Comisiones de Éticas Públicas pueden contribuir a garantizar la racionalidad en el uso y administración de los recursos del gobierno, reducir la discrecionalidad de los altos funcionarios, velando en todo caso por el respeto al principio de legalidad y por el cumplimiento del debido proceso administrativo.
Destacó que con lo más de tres mil millones de pesos gastados en alquileres y remodelaciones, el Estado pudo haber construido un amplio complejo de edificaciones para alojar la mayoría de las oficinas públicas y ubicarlas en un mismo perímetro geográfico.
“Lo anterior se traduciría en un sustancial ahorro para el gobierno y para los ciudadanos, al tiempo de dinamizar la economía y brindar mejores resultados a la población”, concluyó