El arresto en Miami del ex diplomático de alto nivel estadounidense Víctor Manuel Rocha, acusado de enviar información a Cuba, es para el exilio cubano de esta ciudad el «más grande» después del notorio caso de Ana Belén Montes, quien espió para el Gobierno de la isla durante 17 años.
«Es vergonzoso que en el país más poderoso del mundo, un agente de la inteligencia del castrismo haya podido operar cuatro décadas», manifestó este martes a EFE el ex prisionero político Jorge Luis García Pérez, conocido como ‘Antúnez’.
Rocha está acusado de cometer múltiples crímenes federales al actuar de forma secreta durante unos cuarenta años como «agente del Gobierno de la República de Cuba», según EEUU.
«Este es el caso más grande desde Ana Belén Montes. No hablamos de un hombre anónimo. Es un intelectual, hombre de negocios y esposo que fue diplomático a muy alto nivel», dijo a EFE Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, que agrupa a más de una treintena de organizaciones de dentro y fuera de la isla.
Para que la Fiscalía haya presentado a Rocha, de 73 años y origen colombiano, cargos criminales por espionaje, se deduce, prosiguió Gutiérrez, «que es un caso enorme».
Se trata, según el fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, de «una de las infiltraciones de mayor alcance y más duraderas del Gobierno de Estados Unidos por parte de un agente extranjero».
Acostumbrados a los espías
Para ‘Antúnez’, prisionero cubano por más de 17 años, el caso es otra muestra de la «ingenuidad» y la «debilidad del sistema democrático norteamericano».
Manifestó que Rocha, quien se presentará en la corte por segunda vez mañana miércoles, es apenas uno de los tantos «agentes encubiertos que se encuentran acá en los Estados Unidos, con el claro objetivo de destruir esta nación».
«Los cubanos del destierro hemos venido diciendo desde el principio que el régimen de Cuba nos tiene infiltrados, no solamente a nosotros, sino también a Estados Unidos«, dijo a EFE Ramón Saúl Sánchez, dirigente del Movimiento Democracia.
Señaló que este caso es aún «más importante que el de Montes por la cantidad de años que estuvo de espía encubierto ahí haciendo daño por los diferentes puestos» diplomáticos que ocupó en Latinoamérica, entre ellos en la sección de intereses de Washington en La Habana.
Sánchez subrayó que las redes que probablemente construyó Rocha en la región «todavía deben estar ahí», y que la acusación puede llevar a la delación de otros espías, como, recordó, fue el caso de Montes.
Esta es apenas «la punta del iceberg», aseguró.
Según el fiscal estadounidense, Rocha buscó y obtuvo puestos dentro del Gobierno de Estados Unidos que le proporcionarían acceso a información no pública y la capacidad de afectar la política exterior de Estados Unidos.
Entre 1981 y 2002, fue empleado del Departamento de Estado y ocupó varios puestos en las embajadas de Estados Unidos en República Dominicana, Honduras, México y Argentina.
Este caso demuestra «una vez más», subrayó Gutiérrez, «por qué el régimen comunista de Cuba sigue siendo una amenaza permanente para la seguridad nacional estadounidense».
«Eso nos indica que los recursos de la dictadura cubana siguen activos», dijo a su turno Sánchez.
Todo apunta a que el régimen cubano «sigue muy activo gastando millones de dólares para mantener una red de espías» y tratando de «debilitar y desprestigiar» a EE.UU., agregó el activista.
Ana Belén Montes, la espía más dañina
El caso de Rocha ha traído a colación el de Montes, conocida como la «Reina de Cuba», considerada la espía más dañina para EE.UU. y quien salió en libertad el pasado mes de enero, tras cumplir una condena de más de 20 años en una prisión federal de máxima seguridad en Texas.
Montes fue condenada tras declararse culpable de enviar información clasificada a las autoridades cubanas a lo largo de unos 17 años, mientras trabajaba para la Agencia de Inteligencia de Defensa estadounidense (DIA, en inglés), dónde destacaba como experta en asuntos militares de la isla.
Entre la sensible información que brindó a Cuba figura una sobre el uso de satélites relacionados con la invasión a Afganistán de 2001.
La mujer, ahora de 66 años, fue detenida por agentes del FBI ese año, diez días después de los ataques del 11 de septiembre en EE.UU.
Tras su liberación se estableció en Puerto Rico, donde nacieron sus padres, y desde ahí declaró que se iba a enfocar en llevar una vida privada. Debe cumplir cinco años de libertad supervisada desde su salida de prisión y se le supervisa el uso de internet.
EFE
