Expertos ven apetencias políticas intento dividir Gran Santo Domingo

El proyecto de ley con el que se pretende fragmentar el Gran Santo Domingo con la creación de la provincia Matías Ramón Mella no es más que un reflejo de las apetencias políticas de los partidos de aumentar sus cuotas de poder, por lo que, de materializarse, es improbable que los ciudadanos se beneficien con una mejor provisión de servicios.

En esos puntos coincidieron César Pérez, sociólogo y experto en planificación urbana, así como los arquitectos Marcos Barinas y Omar Rancier, quienes en entrevistas por separado plantearon que una nueva demarcación representará un aumento de los gastos financieros del Estado, pero no una mejoría en la administración del territorio.

El pasado martes la Cámara de Diputados aprobó en dos sesiones consecutivas el referido proyecto de ley, de la autoría del diputado Tonty Rutinel, del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Entre las justificaciones del proyecto se cita el desigual desarrollo socioeconómico en la provincia Santo Domingo, y la necesidad de afianzar la descentralización y modernización del Estado dominicano.

Los municipios que conformaría la nueva provincia son Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y Pedro Brand.

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La tendencia es la fusión

Pérez afirmó que es una barbaridad argumentar que la creación de una nueva provincia contribuirá con una mejoría de los servicios del territorio escogido, y en ese sentido planteó que la tendencia global es fusionar territorios, municipios, regiones, a los fines de hacer más racional el servicio.

De acuerdo con sus explicaciones, se ha demostrado que no existe una correspondencia entre mal servicio y dimensión del territorio.

“Lo que determina una buena gestión del territorio es la calidad de las autoridades encargadas para tal fin. Si esas autoridades carecen de herramientas básicas para la gestión, y si piensan en el incremento de sus ingresos individuales y no en la satisfacción de las necesidades de los munícipes, los servicios seguirán siendo deficientes”.

Pérez expresó además que “es una pena que los partidos políticos a los cuales pertenecen los legisladores que aprobaron el proyecto de ley, hablo del PRM, del PLD y de la Fuerza del Pueblo, no se pronuncien contra una medida que es descabellada a todas luces, y que concita el rechazo de la población”.

“El interés de dividir es político, porque con eso se crean puestos, eso es lo que encarece la política dominicana. Mientras se divide el territorio mayor cantidad de legisladores habrá, por lo tanto más precarios serán los recursos de los que dispone el Estado para resolver los reales problemas del país”, refirió.

Un proyecto electoral

El arquitecto Barinas, experto en planificación urbana, consideró que la intención de crear una nueva provincia se sustenta en una voluntad política electoral, y no en el interés de los munícipes, que son los que verdaderamente importan.

A su entender lo que se persigue es crear más puestos legislativos, más gobernaciones, más burocracias que son innecesarias.

“Es totalmente irrelevante la formación de una nueva provincia bajo los criterios que alegan los legisladores. La región y el municipio es la unidad básica de articulación, formulación y ejecución de las políticas públicas en el territorio nacional, no las provincias.

“La provincia es tan solo una demarcación política intermedia, y los legisladores no tienen potestad de definir esos temas de servicios y uso de suelo que expresa el proyecto de ley”, refirió.

Barinas expresó además que la población no es el único criterio que se toma en cuenta para la definición de una provincia, porque proyectos habitacionales como Ciudad Juan Bosch tienen más población que algunas provincias, como Pedernales, y ni siquiera es una demarcación política.

Barinas dijo además, que si el referido proyecto tuviese un verdadero plan de desarrollo, lo habría apoyado.

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Demarcaciones innecesarias

El arquitecto Rancier, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), consideró que una nueva fragmentación del Gran Santo Domingo no beneficia en nada la administración del territorio.

“Es innecesario crear nuevas demarcaciones territoriales, yo siempre he visto eso como una tendencia a crear respuestas al clientelismo político.

“No se está pensando en gestionar el territorio, todo lo contrario, hace tiempo estamos sufriendo un proceso de atomización del territorio que no tiene sentido, por lo que, mientras más demarcaciones creemos más difícil es administrarlas”, refirió.

A su entender, lo que se debe hacer es fortalecer las demarcaciones que existen, y en el caso del Gran Santo Domingo manejarlo como una metrópolis.

En ese sentido dijo que las divisiones territoriales no implican mejoras en los servicios públicos, lo cual quedó evidenciado con la división de Santo Domingo hace 20 años.

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