Gobierno de Ecuador deja listo un polémico proyecto de reforma tributaria

El Gobierno de Ecuador dejó este miércoles listo un proyecto de reforma tributaria que entregará mañana, jueves, a la Asamblea Nacional para que sea tramitada de manera urgente y que ha sido cuestionada por grupos sociales y de empresarios contrarios a nuevos impuestos.

“Han sido horas de fructífero trabajo en el perfeccionamiento del proyecto de reforma tributaria”, escribió en su cuenta de Twitter el ministro de Economía, Richard Martínez, quien se reunió esta jornada con varios grupos parlamentarios para explicar el proyecto.

“Hemos mantenido reuniones con la mayoría de bancadas de la Asamblea” parlamentaria, en procura de “consensos mínimos y acogiendo importantes sugerencias” de los legisladores, agregó.

Martínez aseguró que ya entregó el proyecto final al presidente de la República, Lenín Moreno, para que haga una revisión final del plan tributario antes de ser entregado en el Legislativo.

El proyecto, con el que el Gobierno prevé alcanzar una meta de recaudación de unos 500 millones de dólares, mantiene el espíritu con el que fue concebido, es decir, mejorar la vida de miles de ecuatorianos con el apoyo de las personas que más ingresos tienen”, aseguró el ministro.

Asimismo, dijo que la reforma busca también “generar un mejor escenario para el emprendimiento y la producción” en el país y expresó su optimismo en que su propuesta será debatida en el Parlamento “en función de los intereses del país”.

La presentación de esta reforma tributaria se da luego que el pasado domingo la Asamblea legislativa negara y archivara una “Ley de crecimiento económico”, que incluía un plan tributario y que formaba parte de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional.

El pasado 13 de agosto, tras una ola de disturbios sin precedentes en el país, Moreno también accedió a derogar un decreto por el que eliminaba el subsidio al precio de los combustibles, con lo que pensaba incrementar la recaudación en unos 1.500 millones de dólares.

Ese decreto, también atado al convenio crediticio por 4.200 millones de dólares con el FMI, desató duras protestas en todo el país, encabezadas por el movimiento indígena que también se opuso al proyecto de Ley de Crecimiento Económico, que fue archivado en el Parlamento.

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