El Gobierno de Perú respaldó este lunes al equipo fiscal que investiga el caso Lava Jato en el país, después de que su coordinador, Rafael Vela, denunciara que autoridades del Ministerio Público intentan apartarlo a él y al fiscal José Domingo Pérez de esas pesquisas.
“Nuestro apoyo al trabajo sólido, comprometido y responsable de los señores fiscales y, también de los jueces”, declaró el primer ministro, Vicente Zeballos, al referirse a la denuncia de Vela.
Zeballos dijo que los fiscales “valientemente han enfatizado una labor de fiscalización sobre hechos de corrupción” por lo que el Gobierno “definitivamente” tiene que “apoyarlos”.
Vela señaló este domingo en el programa televisivo Cuarto Poder que una sanción que se impuso la semana pasada al fiscal Pérez, quien investiga, entre otros personajes, a la líder opositora Keiko Fujimori, es parte de esa intención.
Vela y Pérez son los dos fiscales más conocidos del equipo que investiga las denuncias del caso Odebrecht en Perú, que implican en presuntos actos de corrupción a expresidentes, políticos, empresarios y juristas.
SANCIÓN POR DECLARACIONES
El fiscal superior Luis Germaná sancionó el viernes pasado a Pérez por haber declarado al diario El Comercio que de no lograrse una condena por delitos de corrupción los perjudicados serán “los ciudadanos” y decir que “la ciudadanía tiene que estar alerta”.
Germaná, que integra la Oficina Desconcentrada de Control Interno de la Fiscalía, consideró que esas declaraciones eran “extrañas a la función fiscal” y las tomó como una “opinión política”, por lo que impuso a Pérez una multa equivalente al 10 % de su sueldo mensual.
Ante esto, Vela indicó que esa medida forma parte de una estrategia más amplia de la Junta de Fiscales Supremos quienes, según dijo, ya han solicitado la “salida” de ambos fiscales.
Vela sostuvo que la mayoría de fiscales supremos no apoya el trabajo de su equipo, entre ellos Tomás Gálvez y Pedro Chávarry, un exfiscal general que los destituyó en diciembre pasado, pero luego tuvo que retractarse ante la manifestaciones ciudadanas y la protesta del presidente Martín Vizcarra.
UN EXFISCAL GENERAL INVESTIGADO
Por esta decisión, a Chávarry se le sigue una investigación por la presunta comisión del delito de encubrimiento real en agravio del Estado, que implica una condena de hasta cuatro años de cárcel.
Precisamente, Vela y Pérez deberán ofrecer este martes y miércoles detalles sobre los pedidos que hizo Chávarry sobre información del acuerdo de colaboración suscrito con Odebrecht, que esos momentos tenía carácter reservado, así como sobre la decisión de removerlos de sus cargos.
Vela dijo, al respecto, que “hay la suspicacia natural” de que la sanción impuesta la semana pasada a Pérez tiene “una vinculación con desacreditar a un testigo de cargo de la fiscalía que es el fiscal”.
“Advertimos una sospechosa coincidencia”, remarcó antes de decir que Germaná trabajó como fiscal adjunto de Chávarry y adelantar que la sanción a Pérez “puede terminar en la suspensión y en la destitución” del fiscal y también en la suya.
EL CASO ODEBRECHT EN PERÚ
Por el caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica, en Perú están imputados los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), a la espera de que se resuelva un pedido de extradición desde EE.UU.; Ollanta Humala (2011-2016), para el que la Fiscalía pide 20 años de prisión: y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), en arresto domiciliario.
También se investigaba al expresidente Alan García (2006-2011), quien se suicidó en abril pasado antes de ser detenido por la Policía, mientras que la líder opositora Keiko Fujimori permanece en prisión preventiva desde hace más de un año.