Con el fin de seguir enfrentando el impacto de la pandemia de la covid-19 en la economía nacional, el presidente Luis Abinader decretó ayer un plan de austeridad y racionalización del gasto hasta el 1 de enero del 2022.
La disposición presidencial, con el número 396-21, establece considerables reducciones en gastos relacionados con viajes al exterior, la compra de vehículos de lujo, remodelaciones de alto costo, agasajos y celebraciones. También alcanza las donaciones, obsequios, uso de instalaciones privadas para la realización de actividades, y hasta el uso de personal policial o militar asignado a funcionarios públicos, con algunas excepciones establecidas en el propio decreto.
Entre las medidas que destacan está la prohibición de salidas al exterior de servidores públicos en viajes oficiales que no cuenten con autorización previa y la consecuente compra de boletos aéreos. De igual manera, quedan prohibidas las compras de vehículos de motor, excepto aquellos utilitarios que sean imprescindibles para la adecuada ejecución de las funciones a las que sean asignados y debidamente autorizadas.
Recortan escoltas y flanqueadores
Por otra parte, el decreto 396-21 también busca racionalizar el uso de parte del recurso humano asignado a instituciones y funcionarios, para lo cual ordena a los ministros de Defensa e Interior y Policía, una profunda revisión del personal policial y militar a disposición de instituciones públicas y a servidores públicos y otros dignatarios para reducirlo a la cantidad estrictamente necesaria y eficientizar su distribución.
Asimismo, queda prohibido el uso de flanqueadores motorizados en desplazamientos de los servidores públicos, con claras excepciones como la del presidente y vicepresidenta de la República, ministros de Defensa e Interior y Policía, director general de la Policía Nacional, procuradora general de la República, comandantes generales de los cuerpos castrenses, presidente de la DNCD y el director del DNI.
En el caso específico de la Policía Nacional se ordena la reducción de personal asignado a instituciones y funcionarios en al menos un 50%, para que el resto sea dedicado a la implementación efectiva de la Estrategia Nacional Integral de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro”.
La responsabilidad de seguimiento y cumplimiento del decreto queda a cargo de los ministerios Administrativo de la Presidencia y de Administración Pública, junto a Presupuesto y la Contraloría.
Otras ordenanzas del Poder Ejecutivo
El Poder Ejecutivo dispuso, también, que en el 2021, las publicaciones que, por mandato legal o reglamentario deban realizar entes o instituciones sujetos a la disposición, se hará con base en el número de impresión y se prohíbe la compra de efectos promocionales, impresiones o boletines informativos, de rendición de cuentas, entre otros. El ministerio Administrativo podrá exceptuar mediante circular a otros servidores en casos muy especiales.