La naviera A.P Moller Maersk, el principal grupo industrial de Dinamarca, fue objeto este miércoles de una nueva operación de la Lava Jato, acusada de haber pagado al menos 3,4 millones de dólares en sobornos para cerrar contratos con la estatal brasileña Petrobras, informaron fuentes oficiales.
La Policía Federal de Brasil registró varias direcciones de Sao Paulo y Río de Janeiro en búsqueda de pruebas de posibles delitos de corrupción, asociación ilícita y lavado de dinero en contratos de fletamento entre Maersk, Petrobras y otras empresas.
También son investigadas las compañías Tide Maritime y Ferchem, que actuaban como intermediarias en las negociaciones con la petrolera brasileña.
Las autoridades brasileñas sospechan que solo estas tres empresas firmaron más de 200 contratos de fletamento de navíos entre 2004 y 2015, por un valor que superan los 6.000 millones de reales (unos 1.475 millones de dólares).
Según la Fiscalía de Brasil, funcionarios de Petrobras suministraban, a cambio de sobornos, información privilegiada a armadores para facilitar sus negocios con la estatal.
Entre 2002 y 2012, Maersk y sus subsidiarias firmaron 69 contratos de fletamento con Petrobras por un valor aproximado de 968 millones de reales (240 millones de dólares), de los que al menos 15 está siendo investigados por la Policía.
El Ministerio Público asegura que existen “evidencias” de que la naviera danesa pagó sobornos, por medio de una compañía intermediaria, al exdirectivo de Petrobras Paulo Roberto Costa, que confesó los actos ilícitos y decidió colaborar con la Justicia.
A cambio, obtuvo informaciones privilegiadas que ayudaron a cerrar contratos con Petrobras.
“Hay una estimativa inicial del pago de sobornos de al menos 3.402.941,58 millones de dólares, en razón de 11 contratos de Maersk”, conforme a documentos suministrados por Roberto Costa en el inicio de la operación Lava Jato.
El fiscal Athayde Ribeiro dijo que esta 70 fase de la Lava Jato muestra que la corrupción también afectó al ramo de fletamento y abastecimiento de navíos y resaltó que varios de los contratos investigados “aún están en vigor”.
La Lava Jato investiga desde 2014 un vasto entramado corrupto que desvió millonarios recursos de la petrolera y por el que han ido a prisión decenas de importantes empresarios y políticos.