Juez en caso defensor del pueblo reuniría condiciones para ser recusado

Partiendo de lo establecido en el artículo 78 del Código Procesal Penal de la República Dominicana, el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que lleva el caso del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa con la coronel Ysabelita de los Santos y otros agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) señalados por presunta agresión, reuniría las condiciones para ser recusado.

Una fuente de entero crédito confió a periodista de este medio que entre el magistrado Raymundo Mejía y el abogado y primer suplente del Defensor del Pueblo, Roberto Quiroz, mantienen una cercana relación de amistad «desde hace varios años» .

Una de las referencias que describiría la cercanía del juez Mejía y el abogado Quiros es la autoría compartida del libro “Destreza de la Litigación Penal” registrado en el año 2012 bajo el ISBN 978-9945-00-525-7 y que se mantiene vigente su edición.

Asimismo, habrían sido compañeros de oficio por varios años en la Oficina Nacional de Defensa Pública, espacio que serviría para el estrechamiento de la relación de amistad.

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En sentido, el numeral 8 del referido artículo cita lo siguiente “Tener amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia de trato con una cualesquiera de las partes e intervinientes”.

Con este tipo de prueba, según señala el artículo 80 del mismo Código, los aboagados de la barra de la defensa podrían solicitar la recusación del jueza Raymundo Mejía en la próxima audiencia.

Posteriormente la recusación deberá ser enviada a la Suprema Corte o Corte de Apelación quien tendrá la responsabilidad de conocerla y adoptar una decisión sobre la misma.

Se recurda que el pasado lunes tras el Ministerio Público concluir la lectura de la acusación contra los implicados en supuestamente agredir al Defensor del Pueblo y miembros de la prensa, el magistrado Mejía recesó para mañana jueves la réplica de la barra de la defensa.

Caso

El pasado mes de abril el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, se presentó sin previa notificación al Centro de Retención de Vehículos de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) mejor conocido como “Canódromo El Coco” en compañía de personal de la entidad y miembros de la prensa para indagar sobre presuntas denuncias de irregularidades manifestadas por usuarios.

Además de la encargada del “Canódromo”, Ysabelita de los Santos, se encuentran señalados Geraldina de los Santos Peña, Marisol Vargas, Natanael Javier, Starling Ramírez, Ronny Recio Rosario y Carlos Oliver Vólquez Paulino.

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