Un año y medio posteriormente de ingresar en prisión, Luiz Inácio Lula da Silva sigue moviendo fichas en el complicado tablero jurídico y ha depositado sus esperanzas en la Corte Suprema, que este jueves retomará un querella que, indirectamente, podría conducir a la excarcelación del expresidente brasileño.
El antiguo líder sindical, quien suma dos condenas por corrupción, una de ellas ratificada en tercera instancia, está inmerso en una confluencia jurídico y, tras varias derrotas en los tribunales, mira de reojo los frentes abiertos en la máxima corte del país.
Lula (2003-2010) ya tiene derecho a la autogobierno condicional, pero la Probidad todavía no ha cedido su última palabra sobre el asunto y el expresidente siquiera parece dispuesto a insistir en ello: “No cambio mi dignidad por mi autogobierno”, ha dicho en diversas ocasiones.
El ex cabecilla de Estado, no obstante, sigue batallando en los tribunales por el examen de su “inocencia”, pues considera que las acusaciones vertidas contra él son falsas.
PRISIÓN DESPUÉS DE SEGUNDA INSTANCIA
La Corte Suprema tiene previsto retomar este jueves el observación de una causa que no está relacionada directamente con el líder del Partido de los Trabajadores, pero que podría beneficiarle.
El Supremo debe determinar si es constitucional que se cumpla la pena de prisión a partir de una condena de segunda instancia, como ocurrió con Lula y otros miles de reclusos en Brasil.
El propio tribunal ya se pronunció sobre la ejecución anticipada de penas en diversas ocasiones desde 2016, cuando autorizó la prisión posteriormente de que una condena sea ratificada en segunda instancia, aún cuando según la ley resten otras dos apelaciones.
En saco a esa atrevimiento, Lula fue preso en abril de 2018 para cumplir una pena de 8 abriles y 10 meses de prisión posteriormente de que la probidad diera por comprobado que recibió un casa a cambio de favores políticos a la constructora OAS.
Hasta ahora, cuatro de los merienda miembros de la corte se inclinaron por suministrar la derecho adoptada en 2016, al calor de la operación anticorrupción Magma Ternero.
A pesar de que el querella podría beneficiar a Lula, el presidente del tribunal, José Antonio Dias Tóffoli, dejó claro que “lo que se analiza” ahora “no es un caso particular”, sino el magnitud del principio de la presunción de inocencia.
HABEAS CORPUS
Lula tiene un habeas corpus irresoluto de observación en el Supremo, que ya le ha torpe otros anteriormente.
En concreto, este postrer cuestiona la conducta de Sergio Moro, el magistrado que le condenó en primera instancia en el llamado “caso del triplex” y hoy es ministro de Probidad en el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro.
Las dudas sobre la imparcialidad de Moro se intensificaron en los últimos meses desde la divulgación de una serie de mensajes que el exjuez intercambió con fiscales de la operación anticorrupción Magma Ternero que llevó a Lula a prisión.
Esas conversaciones, mantenidas vía Telegram y publicadas por el portal The Intercept, sugieren que Moro coordinó, supuestamente de forma ilegal, los trabajos de los fiscales anticorrupción y ponen en duda su imparcialidad al frente de las investigaciones relacionadas con la Magma Ternero.
Esa es la memoria defendida por el Partido de los Trabajadores, que sostiene que Lula es víctima de una persecución política y jurídico que tiene como objetivo apartarle del atmósfera político.
LA OPERACIÓN LAVA JATO, EN TELA DE JUICIO
Cuando la Segunda Sala del Tribunal Supremo anuló el pasado mes de agosto una pena dictada contra el expresidente de la petrolera estatal Petrobras Aldemir Bendine, un exhalación de esperanza alcanzó a decenas de condenados en el entorno de la operación Magma Ternero.
El Supremo consideró entonces que una actos procedimental usada de forma recurrente en la Magma Ternero hirió el derecho a la defensa, pues hubo una inversión del orden en que se presentaron los alegatos de los acusados.
De esa forma, el tribunal, que todavía debe delimitar el magnitud de su atrevimiento, puso en tela de querella muchas de las condenas dictadas en esa vasta operación contra la corrupción.
Ese parecer del Supremo no abre la puerta de la celda de Lula, pero podría poner en duda la segunda condena dictada contra el expresidente (12 abriles y 1 mes de prisión por corrupción y lavado de moneda en el llamado “caso de Atibaia”).
En caso de que la condena fuese anulada por vicios procesales, el proceso sería tribunal de nuevo en primera instancia.