Informe. Falta de controles y fiscalización a las finanzas de las organizaciones políticas y de las candidaturas; compras de cédulas, vacíos legales y problemas en las organización y el sufragio de los criollos en el exterior, son algunas de las conclusiones a la que llega la Organización de Estados Americanos (OEA) luego de haber observado el prcoeso electoral del pasado domingo en el país.
En su informe preliminar publicado ayer, la Misión de Observación de la OEA celebró que el nuevo marco normativo de la República Dominicana contenga numerosas disposiciones que fortalecen el sistema de financiamiento político-electoral, pero sostiene que aunque existen oportunidades de mejora en la legislación, el principal desafío en materia de financiamiento político radica en la efectiva implementación y cumplimiento de las normas.
“Una vez más, la Misión observó que no existe verdadero control ni fiscalización a las finanzas de las organizaciones políticas ni de las candidaturas, a pesar de lo que ordena la ley y frente a una campaña electoral en que se invirtieron grandes sumas de dinero. La campaña, además, dio inicio mucho antes de la proclama oficial, como ya había indicado la MOE/OEA en el mes de marzo. Uno de los rasgos más notorios de este proceso electoral fue la masiva distribución de dádivas y asistencias a la población por parte de distintas agrupaciones y actores políticos”, apunta en su documento compartido con la prensa.
Hay declaraciones incompletas
Sostiene que la JCE indicó que los montos destinados a “ayuda humanitaria” debían ser considerados dentro de los topes de gasto de campaña, de forma que los candidatos principales lo incluyeron en su informe de ingresos y egresos, pero pese a esto solo cinco de los seis candidatos presidenciales presentaron sus informes de ingresos y egresos, y algunos lo presentaron incompletos.
“Vale mencionar que estos no cumplen con los formatos establecidos y se encuentran incompletos, faltando en la gran mayoría de casos el listado de contribuyentes. Sumado a lo anterior, no se publicó información financiera de las candidaturas congresuales, con excepción de una a senador. Todo lo anterior dificulta el ejercicio de un voto informado por parte de la ciudadanía y hace imposible el control institucional y social del financiamiento”, señaló.
Pandemia afectó sufragio de criollos
La Misión de Observación de la OEA destacó que la pandemia generada por la COVID-19 afectó en gran parte la organización de las elecciones del pasado domingo e impidió que muchos dominicanos en el exterior pudieran sufragar.
En su informe, la OEA destacó la labor de la Junta Central Electoral (JCE) en llevar a cabo el certamen electoral pese a la situación sanitaria nacional y de los países del extranjero, a la vez que mencionó una serie de hallazgos para los cuales hizo recomendaciones.
La Misión manifestó que los observadores constataron la compra de voto en las inmediaciones de los recintos electorales por parte de diversas fuerzas políticas, por lo que reiteraron de manera enfática que esta ha sido una práctica constante en los procesos electorales dominicanos, que no ha sido suficientemente combatida.
Señaló que la compra de votos y cédulas no solo constituye un delito electoral bajo la legislación dominicana, sino que socava el libre ejercicio del sufragio y mina la confianza de los votantes en todo el sistema electoral de la República Dominicana.
Debe haber reformas en las leyes electorales
La OEA saludó nuevamente la aprobación de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la Ley 15-19 Orgánica de Régimen Electoral, por considerar que constituyen una muestra de la vocación de mejora continua del sistema electoral. Sin embargo, entiende que a pesar de lo anterior, los recientes procesos electorales han puesto en evidencia la necesidad de realizar ajustes a la legislación, para suplir vacíos legales y clarificar algunas disposiciones, como se detalla en este informe. “La Misión insta a las autoridades, actores políticos y sociedad dominicana a no abandonar las tareas de reforma, a fin de continuar perfeccionando el sistema electoral y erradicar prácticas perniciosas que han persistido durante muchos años en el país”, señaló en el informe. La Misión dijo que comprobó, una vez más, que la JCE no cuenta con un proceso formal de desarrollo de software. “Si bien el personal que desarrolla las herramientas es calificado, no existe un procedimiento o documentación formal que aborde el desarrollo, control de testing y liberación del software. Se reitera la falta de manuales técnicos. Se observó la ausencia de un plan formal para la puesta en cero de la base de datos, lo que presenta el riesgo de que se produzca una conducta inesperada”, indicó.