La suerte del empleado público en RD

En un sistema partidista como el nuestro,  los empleados del tren administrativo deben estar preparados para dejar sus puestos,  cuando gana un partido opositor, como lo que es igual no es ventaja, los militantes del partido ganador tienen derecho a ganarse la vida en el estado, ahora bien, el estado debe corregir ciertas anomalías en la administración pública y poner a funcionar de manera efectiva y sin discriminación la ley de Administración Pública, 41-08 para que el empleado que cumpla con los requisitos pueda optar por los beneficios de esta ley, para que no pierda un empleo,  para el cual está capacitado,  en el que tiene años laborando,  por el simple hecho de no pertenecer al partido ganador de las elecciones.

Los empleados de nivel medio hacia abajo del estado, constituyen la base de los partidos, es decir la gente que pone a ganar las elecciones, sin embargo son estos empleados los que sufren en carne propia la indefensión en que los deja el estado,  cuando hay un cambio de administración.  Los compañeros de la base, como se les llama, son importantes en época de campaña electoral, pero pierden su valor cuando el partido alcanza la meta, entonces son prescindibles, pasan a ocupar los niveles más bajos de la empleomanía publica, donde se convierten en  blanco de jefes y jefas, inflados de prepotencia, que en vez de protegerlos  y darle un trato digno, les vulneran sus derechos, los maltratan y los desprecian.

Así pasa el tiempo y en vez de preocuparse para que los compañeros, adquieran estatus legales que garanticen sus derechos a un empleo estable, los funcionarios, compañeros de partidos de estos empleados, les complican el acceso a la administración pública, con ridículos procesos burocráticos, y como si la institución  fuera un negocio privado,  pasan a regatearle al humilde empleado,  hasta el más mínimo de los  beneficios, pero abren la llave hasta derramar en exceso, cuando los beneficios son para los funcionarios de alta posición, dejando al desnudo un estado, discriminador, abusador, violador de las leyes y los derechos de los trabajadores humildes y al mismo tiempo plagado de instituciones excluyentes.

El cuadro anterior debe terminar,  porque es responsabilidad del estado proveer al empleado de las herramientas que le permitan acceder a los beneficios, que brinda el propio estado y uno de los beneficios más apetecidos por un empleado,  es la garantía de que permanecerá en su puesto, aunque llegue otro partido a administrar la cosa pública.  Desde que entro al poder el nuevo gobierno ha estado cancelando a los empleados públicos, de la pasada administración,  haciendo espacio para la nueva camada de compañeros del PRM.  El Minerd ha dado el tiro de gracia, al cancelar más de 22 mil empleados, en medio de una pandemia, un regalo de navidad a los que siempre pagan los platos rotos, de un sistema degradante, que  debe desaparecer, para dar paso a un cambio, más humano y menos excluyente.

Ojalá que las nuevas autoridades preparen a sus empleados para que tengan acceso a todos sus derechos, porque lo que se estila es,  negárselos u ocultárselos para que no lo puedan reclamar.  Es hora de cambios, la era del Covid ha estremecido las conciencias y la gente comienza a despertar, no podremos avanzar con un estado que no garantice los derechos  ciudadanos,  los que estipula la constitución para todos los ciudadanos y ciudadanas,  solo así podremos lograr el desarrollo equitativo, sostenible e inclusivo, que tanto anhela el país.

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