Entre enero y septiembre de este año el país ha colocado títulos de deuda pública equivalentes a US$6,300 millones
De un mecanismo exploratorio asumido inicialmente con el fin específico de financiar gastos reproductivos, los bonos soberanos han evolucionado hasta convertirse en el principal sostén del presupuesto general del Estado.
En la última década la emisión de bonos ha sido una constante en cada proyecto de Presupuesto que ha sido presentado al Congreso Nacional, con la encomienda de financiar operaciones ordinarias y también para cubrir déficit fiscal anticipado o proyectado. El primer argumento de emisión “para financiar proyectos de infraestructura y sociales” dio lugar a posteriores alegatos, diversificando las motivaciones. Ya los bonos soberanos se han establecido tan firmemente en la estructura financiera del Estado que hasta han servido para redimir por anticipado deudas contraídas por otras vías. Por ejemplo, la deuda petrolera que acumulaba el país al 2015 fue saldada con recursos aportados por una emisión de bonos soberanos.
El uso de bonos soberanos como fuente de financiamiento presupuestario comenzó en el 2001, con una emisión de US$500 millones, bautizada en el argot popular como los “bonos de Hipólito”. Esa emisión se colocó en el mercado de capitales de Nueva York, pocos días del atentado a las Torres Gemelas. La fecha original de colocación era el 11 de septiembre, pero el atentado impidió realizar la operación ese día.
Referencia moderna
La emisión del 2001 no fue el debut del país en el mercado de capitales. El país se estrenó en ese escenario financiero global en el 1869, cuando el gobierno de Buenaventura Báez contrató con el banquero inglés Frederick Hartmont un préstamo de 420,000 libras esterlinas, que entonces equivalían a unos US$2.0 millones, y dos décadas más tarde el presidente Ulises Heureaux acordó con los tenedores de bonos Hartmont dos nuevos ciclos de empréstitos. La compañía Holandesa Westendorp acordó emitir nuevos bonos, y con una parte de la nueva emisión se saldaron las cuentas de los tenedores de los bonos Hartmont y la otra se consumió en el pago de comisiones, recargos y descuentos.
Desde entonces el mecanismo de bonos soberanos estuvo en desuso hasta el 2001 cuando el presidente Hipólito Mejía hizo una emisión de US$500 millones y al siguiente año otra de US$600 millones, para dar inicio a una etapa en la que con algunas excepciones, los bonos soberanos son parte fundamental de los presupuestos públicos del país.
Los bonos del 2001, emitidos mediante la ley 128-01, nacieron con un listado de obras a ser realizadas en todo el territorio nacional. El artículo 5 de la ley estableció que “los recursos generados por el canje de divisas que producirá esta operación se destinarán a financiar exclusivamente la construcción de obras prioritarias de infraestructura física en todo el territorio nacional que se encuentran en proceso de ejecución o diseño fina”. El listado incluía acueductos, carreteras y circunvalaciones, escuelas, presa, centros regionales de la UASD, y otras infraestructuras que según las autoridades de 2011 y sus asesores, tendrían retorno.
Los bonos emitidos entre 2001 y 2002 tuvieron dificultades de pago, fruto de la crisis fiscal y financiera que afectó al país en el 2003, y en el 2005 fue necesario ofrecerles nuevos títulos a los tenedores a tasas mayores y extensión del plazo, y con un calendario de amortizaciones parciales, que fue exigido por los tenedores que estuvieron a punto de no recibir el pago a vencimiento. Los bonos del 2001 fueron emitidos a 5 años.
Al año siguiente, 2006, el país salió nuevamente al mercado con una emisión de US$300 millones con cupón 8.6% . En mayo del 2010, es decir cuatro años más tarde, el Gobierno comenzó discretamente a financiarse con ese instrumento.
Hasta entonces el país tenía tres bonos soberanos en circulación por US$1,271 millones a una tasa promedio ponderada de 9.06%.
Dos de esos instrumentos estaban vinculados al default del país en cumplir con el servicio de las primeras emisiones por US$1,100 millones, por la crisis bancaria y fiscal del 2003. El acuerdo obligó a pagar una tasa de 9.50%, con la capitalización de los intereses por vencer y aplicación de amortización semestral desde el 2007 hasta el vencimiento en el 2011. Después de esa transacción hubo un cese en la colocación de bonos soberanos hasta mayo del 2010 cuando el país retornó al mercado de bonos con la emisión de US$1,500 millones, al 7.5%, colocando la mitad ese año y el resto en dos partidas en el 2011. En los ese años 2011 y 2012 no hubo colocaciones, y el país un balance de deuda por ese concepto de US$2,454.5 millones.
A partir del 2013 se aceleró el uso de bonos como mecanismo de financiación presupuestaria. Del 2013 hasta junio 2018, el país emitió bonos soberanos por un monto de US$12,000 millones, a plazos de entre 5 y 30 años.
En febrero de 2018, el país hizo una histórica incursión en mercado de capitales al colocar, por primera vez en el mercado de Nueva York, un bono denominado en moneda local a cinco años por US$822 millones, equivalente a RD$40,000 millones y uno en dólar estadounidense a 30 años por US$1,000 millones.
En el 2019 el país emitió bonos por US$2,500 millones, y la emisión fue dividida en una denominada en pesos por el equivalente a US$1,000 millones, y la otra en dólares. El 23 de enero de 2020 en curso la República Dominicana emitió US$ 2,500 millones en bonos soberanos, distribuidos en US$ 1,000 millones a 4.5% a 10 años y US$ 1,500 millones a 5.875% a 40 años. La emisión a 40 años constituye la colocación con el plazo más extenso en toda la historia del país.
Para financiar el presupuesto complementario presentado en agosto pasado, el Gobierno colocó en el mercado de Nueva York bonos por US$3,800 millones.
2,500
Millones de dólares fue el monto de la primera emisión de este año, realizada por el Ministerio de Hacienda en enero.
2,000,000
Fue el equivalente de la primera emisión de bonos del país, realizada en libra esterlina en el 1869.