Santo Domingo.- Tras cuatro meses paralizados, mañana miércoles se tiene previsto la reapertura presencial de los tribunales del país, cuya acción es exigida desde hace tiempo por los abogados del país.
El Poder Judicial contempla volver con los procesos y audiencias presenciales luego de que se tuviera que adoptar la modalidad virtual a causa de la pandemia.
Las audiencias serán celebradas bajo medidas de restricción y distanciamiento para evitar la propagación de la COVID-19, por lo que el Poder Judicial informó que se habilitaron 33 sedes judiciales con 107 salas de audiencias en los 11 departamentos judiciales, como lo contempla la fase avanzada del Plan de Continuidad de Labores, aprobado mediante resolución 004-2020.
Sin embargo, por el incremento de casos, la virtualidad se mantiene como primera vía de acceso al servicio judicial y para todos los casos, antes de presentarse al tribunal o sede será necesario realizar una cita por el portal http://serviciojudicial.gob.do o al *3191 y 1-809-200-3191.
En adición a las previsiones sanitarias, el Poder Judicial estableció mantener el teletrabajo para aquellos jueces, juezas y demás servidores judiciales que estén en condiciones de vulnerabilidad, por razones de edad o por alguna precondición que resulte agravante para el coronavirus.
Indicó que para garantizar un acceso inclusivo a los servicios de justicia, estarán disponibles 33 cabinas en sedes judiciales para suplir la conectividad a todo usuario que lo requiera, a fin de que pueda participar en las audiencias virtuales.
Actualmente, se realizan todo tipo de procesos judiciales por la vía virtual y se reanudaron los plazos procesales, además, se están reprogramando los procesos que quedaban pendientes y se están notificando las sentencias emitidas durante la emergencia nacional.
Afirma reapertura es una farsa
Para el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surun, el anuncio de la reapertura es una farsa y que el “todopoderoso” Consejo del Poder Judicial está actuando en contra de su responsabilidad.
Indicó que a pesar de que se ha dicho que volverán a abrir los tribunales de manera presencial, ”se destapa que la virtualidad será la regla y la presencialidad será excepcional y que los palacios de justicia se mantendrán cerrados y solo se le permitirían el acceso a aquellas personas que tengan cita”.
Molina dice virtualidad beneficia a todos los sectores
Ante las quejas que han surgido por la implementación de la virtualidad en el sistema judicial, el presidente del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, afirmó que se requiere que todos estén abiertos y sean comprensivos ya que “solo así tendrá sustento la visión de una justicia oportuna, capaz de responder a las demandas y requerimientos de sus usuarios y de la sociedad”.
El magistrado indicó que la virtualidad y sus ventajas, “que han sido puestas en tela de juicio por lo abrupto de su llegada, a fin de cuentas, beneficia a todos los sectores por igual”.
Casos paralizados
Dentro de los casos que quedaron paralizados a causa de cierre de los tribunales está Odebrecht, que estaba pautado para iniciar con el juicio de fondo el pasado abril.
Otro es el caso por los 3.5 millones de dólares que la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) admitió haber pagado en sobornos para la compra y venta de ocho aviones Super Tucano.
También está el proceso por la venta irregular de los terrenos de Los Tres Brazos, de Santo Domingo Este.
En el grupo está, además, el de los supuestos actos irregulares en la OMSA que presuntamente produjo el asesinato del abogado Yuniol Ramírez.
También, está el proceso judicial por la muerte de la adolescente embarazada Emely Peguero. Tras conocer, el pasado febrero, dos recursos de casación interpuesto por los condenados Marlin Martínez y su hijo Marlon, y otro del Ministerio Público, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia se reservó el fallo y no lo han dado a conocer aún.
También, está el caso del exfuncionario Donni Santana, que apeló a la sentencia de 20 años por cometer incesto, pero no se han podido conocer. Y el del comunicador Pablo Ross, que igualmente apeló a la sentencia de 10 años de prisión por el mismo delito, cuyo fallo se iba a dar en marzo.