Treinta y nueve organizaciones del sector empresarial e industrial consideraron necesaria la aprobación de una nueva ley de desarrollo fronterizo que realmente fomente la generación de inversiones y empleos en las provincias de la frontera, sin detrimento de industrias, empresas y empleos en otras zonas del país.
A través de un comunicado de prensa, reconocieron las profundas desigualdades sociales y económicas que afectan a las provincias fronterizas, lo que ha llevado a que esta región se sitúe entre las más pobres de la nación, razón por la cual apoyaron la permanencia de un régimen especial para las empresas que se instalen en dicha zona.
Indicaron que la Ley 28-01 no debe dejarse expirar al llegar a su término, sino que debe ser modificada a fin de que en ella “se establezcan, de manera clara y explícita, reales facilidades para que muchas empresas se instalen en la zona y que, al mismo tiempo, se cree un verdadero y seguro clima de inversiones tanto privadas como públicas, que dote de mejores condiciones de vida a los habitantes de la zona”. Consideraron, sin embargo, que esta nueva ley no debe generar “una competencia desleal a las demás regiones del país.
Responsables
El comunicado fue firmado por treinta y nueve organizaciones empresariales de República Dominicana.
Las organizaciones firmantes exhortaron a los legisladores a revisar y modificar las disposiciones de la Ley 28-01 que establecen incentivos fiscales para asegurar que las mismas sean enfocadas a la producción en la frontera y no sigan causando las distorsiones creadas en otras zonas del país.
“Las exenciones aplicadas no solo afectan las recaudaciones fiscales al eximir del pago de impuestos a las empresas en instalaciones y comercialización fuera de la zona fronteriza, sino que además impactan negativamente el encadenamiento productivo, al exonerar importaciones de bienes finales, bienes intermedios, e insumos que son producidos en el país”, señalan las organizaciones.
Reconocen esfuerzo oficial por reactivación
La entidades reconocen que el Gobierno hace grandes esfuerzos por la reactivación económica y la industrialización del país y que una extensión pura y simple de la Ley 28-01 por otros 30 años, sin una revisión consciente de su redacción, de la focalización de los incentivos y sin tomar en cuenta el daño al desarrollo productivo en otras regiones, sería contraproducente.