La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) inició una investigación de un alegado desfalco contra el Estado dominicano valorado en más de 17 mil millones de pesos.
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De acuerdo al acta de autorización de información financiera emitida por la jueza Kenya Romero Severino, se ordenó a las superintendencias de Bancos, Valores, a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y al Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) proveer una serie de informaciones requeridas por la Pepca para la investigación de un total de 209 personas físicas y jurídicas (empresa).
En el documento se identifica como principal imputado en el caso, al exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz. Además, figuran los exfuncionarios Emilio César Rivas Rodríguez, director de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, director Nacional de Catastro; Luis Miguel Piccirillo Mccabe y Domingo Enrique Martínez Reyes del Consejo Estatal del Azúcar; Simón Lizardo Mézquita, administrador del BanResrevas; Luis Baldemiro Reyes Santos, Director de Presupuesto; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, Contralor General de la República; Princea Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros.
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“El modus operandi consistía en que, bajo las instrucciones del ministro de Hacienda, para ese entonces, Donald Guerrero Ortiz, se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario público la cantidad de RD$19,653,871,513.80, por concepto de acuerdos transaccionales, de los cual hemos (el Pepca) identificado que lograron sustraer RD$ 17,300,642,051.07 por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas, así como la simulación de compras a y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativa, cuyo elemento común en todas las transacciones o acuerdos firmados entre las partes, es el relacionado a contratos de cesiones de crédito por más de RD$10,500 millones a personas de su entera confianza, que en ocasiones utilizaban sociedades comerciales de carpeta, disolviéndolas inmediatamente obtuvieron su objetivo, constituyendo el tipo penal de desfalco”, se explica en el documento.