Seúl. La polémica repatriación de unos marineros norcoreanos en 2019 continúa salpicando al anterior Gobierno surcoreano tras publicarse unas fotos del momento en que son devueltos a su país y después de que la Fiscalía registrara hoy la sede del Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) en relación al caso.
La oficina del Distrito Central de Seúl de la Fiscalía envío hoy a un equipo a registrar la sede del centro de espionaje en la capital surcoreana tras la denuncia del propio NIS contra Suh Hoon, que dirigió la entidad entre 2017 y 2020, por supuestamente haber ordenado concluir antes de tiempo una investigación en torno a los dos mencionados pescadores norcoreanos.
Los marineros fueron deportados de vuelta a los pocos días, algo irregular puesto que la investigación estándar del NIS para un desertor es de 15 días.
La decisión, adoptada por el anterior Gobierno liberal de Moon Jae-in, habría buscado supuestamente contentar al régimen norcoreano para no malograr el proceso de diálogo intercoreano y sobre desarme iniciado en 2018.
La publicación en la víspera de unas fotos en las que se ve a los dos hombres resistiéndose a ser entregados a las autoridades norcoreanas en la frontera entre los dos países ha enfurecido a la opinión pública surcoreana y deparado la condena de la oficina presidencial.
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Kang In-sung, portavoz de la oficina del actual presidente, el conservador Yoon Suk-yeol (que llegó al poder en mayo pasado), aseguró hoy en una rueda de prensa que este caso podría suponer una “violación de los derechos humanos” y que el Ejecutivo trabajará para esclarecer el caso.
El director regional de Asia para la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) aseguró en un comunicado emitido hoy que se trata de una “escandalosa e inexcusable violación de derechos humanos que debe ser condenada enérgicamente” y que los responsables del caso deben “rendir cuentas».
El registro de hoy también está relacionado con otra denuncia del NIS contra su exdirector, Park Jie-won (que sucedió a Suh hasta el pasado mayo), al que se acusa de destruir documentos relacionados con otro polémico caso, el de un funcionario del Ministerio de Pesca surcoreano que, tras aparecer a la deriva frente a las costas del país vecino, fue ametrallado en el agua y su cadáver incinerado por tropas norcoreanas en septiembre de 2020.
Se cree que Park buscó con esto contentar también al régimen de Kim Jong-un para tratar de impulsar el reinicio del diálogo intercoreano, estancado desde hace casi tres años.