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lunes, octubre 18, 2021

Procuraduría de delitos electorales puede ver casos de narcopolítica

Ropberto Rosario, Eddy Olivares y José Dantés.
Expresidente de JCE dice si se prueba que legisladores ganaron cargos con dinero ilícito pueden ser destituidos

Las denuncias de delitos electorales durante las campañas y la jornada de votación como la supuesta compra de cédulas o el uso de los recursos del Estado, es una queja histórica en el país que siempre ha quedado sin sanción.

Ahora se suma a eso el financiamiento de candidaturas con dinero ilícito proveniente del crimen organizado como lo prueba la investigación que la Procuraduría General de la República abrió contra tres diputados, además de que hay un legislador preso por narcotráfico y otra acusada de lavado de activos.

Como respuesta a la impunidad en materia de delito electoral se creó la Procuraduría Especializa de Delitos Electorales contemplada en el artículo 289 de la Ley del Régimen Electoral 15/19.

La titular de esa instancia, Gisela Cueto, fue designada en marzo del 2020 previo a los comicios que tuvieron lugar ese año, pero hasta ahora eso tampoco ha resuelto el problema. Las razones por la ineficacia en la judicialización de los delitos electorales varían.

Para Roberto Rosario, expresidente de la Junta Central Electoral, esa instancia no tuvo tiempo para entrar en acción en el pasado proceso electoral.

Rosario explicó que la Procuraduría Especializada de delitos electorales no solo entra en funcionamiento en el proceso electoral que se activa con la emisión de la proclama, sino que en otro momento, como ahora, puede ser apoderada de posibles infracciones como el financiamiento a los partidos con dinero del narcotráfico.

“Puede actuar tanto en el marco del proceso o en el tiempo normal, fuera del proceso electoral también pueden perseguir delitos por el uso de recursos de fuentes no lícitas porque no se limita en este caso porque se trata de delitos fuera del proceso electoral, esto así porque los partidos son instituciones privadas de interés público”, explicó.

Sostuvo que en su opinión, si se hace un uso racional sobre la legislación vigente permite perseguir los delitos electorales.

“A propósito de que en estos días se ha descubierto que algunos legisladores y partidos se beneficiaron de financiamiento de dinero no lícito, la JCE o cualquier otra instancia puede apoderar a la Procuraduría Especializada sobre eso y posteriormente se pueden producir decisiones que terminen pronunciándose sobre la nulidad de esa elección, porque podría alegarse que esa información no se conocía al momento de la elección, pero si fueron conocidas con posterioridad y como hay un principio de que el fraude lo corrompe todo, esos regidores, diputados o senadores electos con ese tipo de financiamiento, es una elección fraudulenta”, afirmó Rosario.

Dijo que es necesario apoyar con personal y recurso a la Fiscalía especializada de delitos electorales para que sea más eficiente. “Las dificultades que plantea tiene que ver con la dispersión de la norma en distintas legislaciones, como la Ley de Función Pública, la que regula el funcionamiento del Estado y la Ley 33/18 de Partidos Políticos”, expuso.

El expresidente de la JCE refirió que culturalmente en el país no ha habido sanción a los delitos electorales y que la versión que se ha impuesto es que los “muertos de campaña, muertos se quedan”.

Olivares dice fracasó

De su lado, Olivares, sostuvo que la Procuraduría Especializada en Delitos Electorales fracasó en su primera prueba en las elecciones del 2020.

Sostuvo que por ser dependiente de la Procuraduría General de la República no tiene autonomía y que el tema debería incluirse en la discusión de la Reforma constitucional para que sea el Consejo Nacional de la Magistratura que nombre por un periodo de diez años.

“El procurador electoral carece de autonomía e independencia, debido a que es una más de las procuradurías especializadas de la Procuraduría General de la República, que son órganos complementarios de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, sujetos a la dirección, coordinación y supervisión directa del Director General de Persecución”, explicó Olivares.

Agregó que por las altas expectativas que se han creado con esa figura, la mismo debería incorporarse a la discusión de la reforma constitucional para darle rango constitucional, independencia y autonomía, con presupuesto y administración propia, para que no dependa del Ministerio Público.

Olivares sostuvo que los delitos electorales siempre han estado contemplados en la ley y han afectado la integridad de los procesos electorales.

La ley debe incluir otros delitos electorales

El titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés, dijo que hay que reconfigurar el régimen de sanción a los delitos electorales. “Se deben incluir nuevos tipos penales electorales que no se contemplaron, así como revisar la escala y proporcionalidad de las sanciones en cada delito o crimen”, sostuvo. Agregó que la principal queja de la Procuraduría es que las denuncias de delitos no estaban tipificadas como tales en la legislación. Dantés agregó que también se debe obligar a los partidos a establecer sistemas de depuración para evitar que el dinero ilícito los penetre. “Obligar a los partidos a que cuenten con un régimen de administración de riesgos de lavado de activos, como mecanismo de impedir la influencia de personas y bienes ligadas a actividades ilícitas”, dijo el dirigente del PLD.

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