El proyecto de ley que busca gravar con tasa cero a 67 productos de primera necesidad en el país, por un período de seis meses, sigue generando rechazo en productores nacionales.
Se evidenció así ayer, tras una reunión que sostuvo la comisión especial de diputados a cargo de la legislación en el Salón Hugo Tolentino Dipp de esa ala del Congreso Nacional y escuchar a representantes del Ministerio de Hacienda y agropecuarios, donde sectores se quejaron de ver amenazada la producción local.
En representación de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) se pronunció Pelegrín Castillo, quien reconoció la inquietud del Gobierno de que no falten alimentos en las mesas de los dominicanos, pero advirtió que como institución vinculada a la producción responsable de producir la mayoría de los alimentos que consume el pueblo dominicano, la fórmula que se ha propuesto el Poder Ejecutivo no es necesariamente la mejor para asegurarlo.
El exfuncionario entiende hay otras opciones que se pueden y se deben considerar, ya que la Constitución de la República- según dijo- busca asegurarle al pueblo dominicano seguridad alimentaria, lo cual es posible gracias a que ellos pueden producir la mayor parte de los alimentos que se consumen.
“Y aquí tenemos todas las condiciones para hacerlo. El sector agropecuario ha probado que es un sector estratégico que ha sido clave en el desarrollo de todos los demás sectores y en medio de la crisis mundial no podemos debilitarlo. Tenemos que fortalecerlo, relanzarlo y ponerlo en condiciones de producir todos los alimentos”, subrayó.
Castillo sostuvo que las importaciones abiertas, como la contemplada en la pieza, equivalen a un subsidio generalizado, lo cual no ayudará a resolver este tipo de problema.
Aunque está consciente de que en el corto plazo la importación puede resolver la estabilidad del costo, dijo que a la larga afectará el empleo, producción e inversiones de miles de hombres que están en los campos.
Entre los requerimientos planteados a la comisión especial apoderada de la normativa de ley están que se establezca una política de tasa cero para todo lo que es importación de maquinarias, equipos, tecnología y servicios en apoyo al sector agropecuario y agroindustrial.
“Igualmente, estamos pidiendo que productos de la dieta básica del país, que los producimos, sean excluidos de esta lista y que en cambio se articule una estrategia, que puede ser de alianza público o privada, que involucre al Inespre y a otras instituciones para garantizar que a toda la familia dominicana no le falte lo fundamental”, declaró.
La Asociación Dominicana de Avicultura (ADA) critica la ley
La industria avícola dominicana se definió como que un sector que está presente en toda la geografía nacional, con más de 1,200 productores generan alrededor de 20,000 empleos directos y aportan USS 900 millones a la economía local, lo que a precios corrientes representa aproximadamente un 2% del PIB dominicano.
Esta información la ofreció Gregory Marte, director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Avicultura (ADA), quien denunció que no existe una sola organización de productores importantes del país que se haya expresado a favor del proyecto de ley.
Agregó que la República Dominicana es autosuficiente en la producción de las dos principales proteínas que consumen sus ciudadanos, que son el pollo y el huevo, con una oferta actual que ronda los 18.5 millones de pollos mensuales y 260 millones de unidades de huevos.
Está convencido que una apertura abrupta de importaciones desde orígenes con los que no tienen acuerdos comerciales, significaría que el sector avícola y los demás sectores afectados por esta medida, deberán competir con países que incurren en prácticas desleales de comercio, entre las que se encuentran el subsidio a la exportación y el “dumping”.
Entre las organizaciones nacionales de productores agropecuarios que han rechazado la propuesta de ley, según mencionó, está la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro), la Junta Agroempresarial Dominicana (Jad), la Asociación Dominicana de Granjas Porcinas (Adogranja), la Asociación Nacional de Productores de Leche (Aproleche), entre otras.
Asumirá el Gobierno para disminuir aranceles
El presidente de la comisión especial a cargo del proyecto de ley, Francisco Javier Paulino, manifestó que de acuerdo al Ministerio de Hacienda, el costo fiscal que asumirá el Gobierno producto de la disminución de los aranceles a tasa cero en los seis meses, será de 267 millones de pesos. En la reunión hubo unas cinco comunicaciones presentes, según expresó Javier Paulino, para la comisión leerlas y estudiarlas, para “cuando decidamos reunirnos para dar nuestros votos favorable o desfavorable de este proyecto”. Sobre el impacto que la ley podría generar en el sector productivo nacional, sostuvo que están analizando ese punto y que la comisión aún no tiene esa respuesta. La comisión especial recibió al viceministro de políticas tributarias del Ministerio de Hacienda, quién reveló el dato sobre el costo que asumirá el Gobierno. El pasado 11 de marzo, el Poder Ejecutivo sometió en la Cámara Baja el proyecto de ley que, de manera provisional, grava con tasa cero en el arancel de aduanas ciertos bienes que afectan el costo de los alimentos que constituyen un componente básico para la alimentación de la familia dominicana. Entre esos productos está la carne de pollo (pechuga), congelada; carne de pollo (muslo), entre otros.