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jueves, abril 22, 2021

Reclama se haga consulta previa para explotación minera

La aspirante a Defensora del Pueblo, Mayra Guzmán, propuso que la República Dominicana, como han hecho otras 15 naciones de América Latina, Europa y los Países Bajos, se acoja a la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece “el derecho a consulta previa” a las poblaciones donde se realicen explotaciones mineras.

Guzmán deplora que la actual Ley de Minas que data de los años 70 establezca prácticamente que “no haya posibilidad de que la población afectada pueda resistirse” y tiene que aceptar lo que le impongan según este texto que rige la explotación minera en el país.

Citó el caso específico de San Juan de la Maguana donde hace tres años la población realizó protestas en defensa del agua, ya que según se alegaba, los ríos que les abastecen del vital líquido serían contaminados por la explotación de una mina de oro que fue concesionada para su explotación en la Loma El Romero de dicha provincia.

“Ahí no hubo una consulta, pero sí hubo una convocatoria del pueblo a rechazar esta explotación minera sobre todo por el daño ambiental”, expresó.

En tal sentido, Guzmán planteó la necesidad de acudir a la Convención 169 de la OIT que, “aunque es una convención que va orientada a los pueblos indígenas, a las entidades tribales, a las tribus, se hace extensiva a la realidad que vive nuestro país.

Recomendó que aunque todavía no formemos parte de esa convención, se inicien los aprestos para integrarnos a la misma, ya que según afirmó, un análisis de la Constitución de la República establece en su artículo 74 que la interpretación de la Carta Magna no es limitativa y puede aplicarse a los derechos de los pueblos a ser consultados.

“Estos casos hay que verlos en la actualidad para que no solo haya una consulta previa, sino que hayan estudios de impacto ambiental, que se estudie cuál es el daño” que sufriría la población con la explotación minera, aunque entiende que “no necesariamente tenemos que pensar que va a ser un saldo negativo”.

Señaló que en todo caso se podrá acudir la OIT como parte conciliatoria que tiene que ver con los intereses beneficiosos que puede producir al país la explotación de una mina.

 Guzmán precisó que las partes tienen también que ponderar la situación medio ambiental y el efecto nocivo que puede crear en una comunidad la explotación minera. “Si hay un estudio de impacto ambiental que establece que no hay daños, que el daño es recuperable por qué no aceptarlo si eso trae beneficios a la economía nacional”, enfatizó la profesional y defensora de los derechos humanos.

Sostuvo, no obstante, que previo al paso de la explotación minera “vamos a agotar los procesos”. “Ahí había que hablar de un debido proceso en el cual nosotros proponemos que haya una consulta previa, que haya obviamente una evaluación del impacto ambiental, un estudio de impacto ambiental y también que, en caso de que se vaya a conceder la explotación (de la mina) se agoten estos pasos que garanticen “sea beneficiada la comunidad donde se está extrayendo el mineral”.

Indicó que según estudios recientes, “no siempre esas comunidades son las más beneficiadas de esas explotaciones, son las que menos se benefician”.

Manifestó que el caso de San Juan de la Maguana “es perfecto para la aplicación de la Convención 169 de la OIT que aunque está orientada a pueblos indígenas, se discute para que su aplicación sea más amplia.

Guzmán explicó que esta convención ha sido ratificada hasta el momento por 15 países de toda América Latina, entre los que mencionó a Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, México y Argentina. Mencionó  también a países de Europa como España y los Países Bajos, donde dijo “se ha ido conociendo la necesidad de que esté aprobada formalmente la Consulta Previa”.

“Es nuestra recomendación de que el país dé ese paso, ese avance de involucramiento de la sociedad, porque así tendríamos una mayor participación, eso es fortalecer el Estado de Derecho, eso es democracia, el Estado social y democrático”, subrayó.

Puso como ejemplo el caso de Colombia donde están luchando para que sea realmente efectiva la aplicación de esta garantía, este derecho fundamental. “Pero Colombia lo ha logrado a través de su jurisprudencia Constitucional, tiene varias sentencias del Tribunal Constitucional que reconocen como derecho fundamental el derecho a la consulta previa, libre, informada y de buena fe”.

En ese sentido, la doctora Guzman sugirió cambiar la actual ley de minas del país que data de los años 70 y no prevé la consulta previa. Afirmó que la misma, contrario a esta corriente internacional que crea la Convención 169 de la OIT,  establece prácticamente que “no hay posibilidad de que la población afectada pueda resistirse, tiene que aceptar –lo que sea-según esta ley de minas nuestra”.

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