Yates y villas figuran entre las propiedades que las autoridades devolvieron. Proyecto de ley busca recuperar patrimonio obtenido producto de la criminalidad.
En las últimas dos décadas la República Dominicana fue testigo del arresto de grandes narcotraficantes, a quienes se les apresó, juzgó y, en algunos casos, extraditó hacia los Estados Unidos.
Luego de cumplir una condena mínima fruto de las negociaciones con autoridades norteamericanas, a los infractores se les devuelve a suelo dominicano, donde proceden a reclamar en los tribunales sus propiedades, ya que el país carece de una Ley sobre Juicio de Extinción de Dominio para el Decomiso Civil de Bienes Ilícitos, que permita perseguir las posesiones adquiridas de manera ilegal.
Entre los casos más relevantes se destacan narcos que lograron preservar gran parte de sus fortunas en los procesos judiciales en el extranjero. En la lista figuran: Quirino Ernesto Paulino Castillo, Ernesto Bienvenido Guevara Díaz (Maconi), Carlos Rossó Peña, Miguel Antonio Suárez Silfa, Francisco Antonio Hiraldo Guerrero, José David Figueroa Agosto, Ramón Elías Tavárez Lebrén, José Arismendy Almonte Peña (Joselito.com), Antonio del Rosario Puente (Toño Leña), Julio de los Santos (Julito Kilo) y Jesús Cabrera Ruiz.
Fortunas lavadas
Villas, fincas, yates, casas, apartamentos, vehículos de lujos, relojes y grandes extensiones de tierras están entre los bienes que las autoridades tuvieron que devolver a implicados en hechos delictivos.
Solo Paulino Castillo, excapitán del Ejército dominicano y uno de los más reconocidos narcotraficantes del país, acumuló una fortuna valorada en RD$2,000 millones, de acuerdo con datos ofrecidos por la Fiscalía del Distrito Nacional.
Tras un acuerdo de colaboración con autoridades estadounidenses renunció a la suma de US$14.5 millones (520 millones de pesos para la época), y conservó una buena parte de sus ganancias.
Según el Ministerio Público de la República Dominicana, los bienes obtenidos por Figueroa Agosto ascendían, en el 2011, a RD$500 millones en el país y otros US$100 millones en Puerto Rico. En tanto, las pertenencias y negocios de Rosario Puente en su momento fueron valoradas en RD$100 millones.
Mecanismos legales
En junio del 2017, durante el mandato del presidente Danilo Medina, se promulgó la Ley 155-17 Contra Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Mediante esta legislación se fortalecieron los mecanismos legales que permiten calificar las actuaciones de las personas que realizan hechos delictivos orientados al narcotráfico y lavado.
Sin embargo, antes de la promulgación de esta nueva ley, en el 2016, los senadores Adriano Sánchez Roa, Charles Mariotti y Julio César Valentín, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), sometieron el proyecto de ley sobre el Juicio de Extinción de Dominio para el Decomiso Civil de Bienes Ilícitos, con el objetivo de obtener una herramienta para recuperar esos activos producto de la criminalidad.
En ese contexto, el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Potentini, dijo que “el combate a la corrupción ha fracasado, cuando estudios sobre los bienes reivindicados por cualquiera de los medios procesales ordinarios hoy dan cuentas de que apenas solo se recupera el 1% del patrimonio llevado entre las garras de la corrupción”.
De igual forma, Robert Thomas, encargado de negocios de la embajada estadounidense en República Dominicana, externó el deseo de trabajar con “el avance de los esfuerzos legislativos para crear un sistema de extinción de dominio que permita a su gobierno recuperar los bienes y riquezas que los criminales y funcionarios corruptos han robado al Estado y al pueblo dominicano”.
Diplomado
Dayana Acosta, Mary Yerlyn Paula, Petra Rondón, Jeni Polanco y Teolenis Cuevas forman parte del equipo que realizó esta investigación.