Grupo tendrá mañana a las 10:00 la primera reunión para establecer el esquema de trabajo que realizará en un año
El presidente del Grupo de Trabajo para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional que creó el presidente Luis Abinader, Servio Tulio Castaños Guzmán, sostuvo ayer que el retraso en la reforma al cuerpo del orden se debe a que el Consejo Superior Policial no ha aprobado 21 reglamentos que se necesitan para la aplicación de la Ley Orgánica de la Policía Nacional. “Aprobamos una ley en el 2016 que no ha habido forma de implementarla, y no ha habido forma de implementarla, porque no ha habido forma de que el Consejo Superior Policial apruebe los reglamentos, de promulgarlos, ni forma de diseñar los protocolos”, subrayó, en entrevista telefónica al programa Despierta con CDN del canal 37.
Sostuvo que esos reglamentos están elaborados en un 95%. “Hay gente de esa comisión que ya veníamos trabajando esto, todo eso está escrito, el 80% de la encomienda que se le está dando a la comisión hace rato que se ha discutido de todas las maneras posibles, pero no ha habido forma de plasmarlos y que eso se implemente”, reiteró. Castaños Guzmán afirmó que una de las misiones que tiene la comisión integrada por 21 miembros es “recuperar la imagen” de la Policía Nacional.
“Este trabajo no tiene el objetivo de destruir ninguna institución, sino todo lo contrario, el objetivo es fortalecerla. Queremos ver cómo podemos recuperar la imagen que, sin lugar a dudas, hace rato que la Policía perdió. De eso es lo que se trata” comentó. Aclaró que lo que tiene que ver con la comisión, el trabajo se limita a eso y que hay otras medidas de carácter político, que se tendrán que tomar, y que les competirán al Presidente.
“Obviamente está la resistencia, porque es normal que las instituciones se resistan al cambio. Obviamente está la voluntad, porque de la única forma que eso se logra es cuando existe la voluntad del primer magistrado de la nación, no se puede limitar una reforma a los reglamentos. Parece que ya llegó la hora de que eso ya se implemente”, dijo.
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) sostuvo que el asesinato de una pareja de esposos en Villa Altagracia la noche del martes 30 de marzo, fue un detonante ante el historial de sucesos de ese tipo que han acompañado a la Policía.
“Lo que pasó, y que es una práctica recurrente, parece que eso despertó el interés del Presidente de motorizar una comisión externa de personas que hemos venido trabajando el tema. Yo no veo esto tan complicado, es algo completamente normal, que pudiese contribuir a que lo que queda pendiente se agilice. Todo eso está escrito. Hemos ido a Colombia, a Nueva York, Chile, España, Alemania, hemos ido a todos los países del mundo donde los cuerpos policiales funcionan, este trabajo no es tan complicado como la gente puede pensar”, observó.
Castaños Guzmán explicó que hay casos de figuras que forman parte de la comisión que son llamativas, como Mu Kien Sang Ben, y dijo que se debe a que la ley establece la creación de un instituto para enseñar la nueva doctrina policial. “De eso no ha habido forma, y hay académicos, porque ahí está el decano de ciencias políticas y jurídicas de la UASD que conoce el tema y que hemos trabajado en el Consejo Nacional de la Defensa, nosotros hemos venido trabajando estos temas, pero no ha habido forma, viendo la voluntad del comandante en jefe de esta institución, viendo la voluntad que él tiene, es una oportunidad”, consideró.
La misión del Grupo de Trabajo
El decreto 211-21 que el presidente Luis Abinader firmó el 6 de abril pasado y que crea el Grupo de Trabajo para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional en su artículo dos lo define como “un consejo consultivo que se constituye con el objetivo de colaborar y recomendar políticas públicas enfocadas en la reforma legal, institucional, operativa y funcional de la Policía Nacional”. El párrafo único del artículo dos, especifica que el Grupo de Trabajo contará con la asesoría técnica de los expertos nacionales e internacionales que ofrecen asesoría al Estado dominicano para la estrategia de seguridad ciudadana. También autoriza al grupo a contratar otros asesores que entienda necesarios para cumplir con sus objetivos.
El artículo tres del decreto enumera siete objetivos del grupo de trabajo y son los siguientes: sugerir las características deseables en el perfil de los nuevos miembros de la Policía; recomendar las modificaciones legales necesarias para el fortalecimiento institucional de la Policía; promover la aprobación de los reglamentos institucionales pendientes; recomendar la reforma del sistema de reparto para los miembros de la Policía; sugerir la creación y actualización de los protocolos necesarios a fin de lograr una cultura policial basada en el servicio a la ciudadanía, la ética y la protección de los derechos humanos; formular recomendaciones para lograr un régimen de sanción adecuado a los miembros de la Policía que incurran en faltas, siguiendo siempre el debido proceso y dar seguimiento a todos los procesos sancionadores que se lleven contra los miembros de la Policía que incurran en faltas graves.
El decreto establece que el tiempo de vigencia del Grupo de Trabajo es de un año que podría ser extendido por un periodo de tiempo razonable, su función es honorífica y está bajo la dependencia del Ministerio de Interior y Policía.
Vásquez presentará hoy plan seguridad Congreso
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que hoy a las 10:00 de la mañana, la Cámara de Diputados se reunirá en el Salón de la Asamblea Nacional del Congreso para recibir al ministro de Interior y Policía, Jesús “Chu” Vásquez Martínez junto a una comitiva para presentar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana para la República Dominicana. En tanto, Participación Ciudadana, consideró crucial para la vida democrática del país continuar y concluir el proceso de reforma de la Policía Nacional que se inició en el año 2012 y avanzó hasta la elaboración de la Ley Orgánica de la Policía Nacional en el 2016, de la cual están pendientes 19 de 20 reglamentos. A través de un comunicado, el Consejo Nacional de Participación Ciudadana señaló que aspectos tan relevantes de la Ley como la reducción del número de oficiales generales y superiores, la descentralización de las unidades y el fortalecimiento de las unidades investigativas siquiera son citadas entre las preocupaciones de las autoridades.