SOBRE LA GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS TRAS LA CRISIS SANITARIA

La mejora de la estructura de tratamientos de residuos sólidos urbanos ha sido desde hace años, y sigue siendo, una asignatura pendiente. Y la crisis del coronavirus debería servir para avanzar en su gestión, una oportunidad para abordar un problema creciente que requiere nuevas fórmulas de gestión y valorización, que solo se pueden poner en marcha creando nuevas infraestructuras.

Así opinan desde el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante (COIAL), señalando que la situación creada por la COVID-19 es una oportunidad para poner en marcha nuevas formas de tratamiento y valorización de residuos para avanzar en la implantación de la economía circular. Además, añaden, “el estado de alerta, que puede prolongarse de manera intermitente, está produciendo dos fenómenos nuevos en cuanto a los residuos: crecen más los orgánicos domésticos por el mayor consumo en casa, y se genera un nuevo tipo, el sanitario potencialmente infeccioso”.

Gestión de residuos urbanos

En este sentido, los profesionales del COIAL han querido abordar este problema de máxima repercusión ambiental y gran sensibilidad social para convertir problemas en oportunidades para dinamizar la economía y el empleo: “Es muy importante impulsar la implantación de la recogida selectiva de materia orgánica para evitar que vuelva a ser la asignatura pendiente, como sucedió tras la crisis de 2008, lo que necesariamente implica la adaptación de las plantas de tratamiento de residuos existentes a este nuevo flujo de residuos. Los residuos orgánicos debidamente compostados y valorizados deben incorporarse a los medios agrarios y naturales, no tiene sentido enterrarlos. Además tenemos una industria de agronutrientes puntera a nivel mundial que debería tener un papel protagonista en este proceso de economía circular y de creación de valor”, señala el decano del COIAL, Baldomero Segura.

Para ello —explican los ingenieros agrónomos— resulta necesario que los ayuntamientos desarrollen Planes Locales de Residuos antes de 2021, una obligación que recoge el PIR2019. Aunque bien es verdad que, ante la imposibilidad de cumplir con los plazos debido a la situación actual, proponen una prórroga de seis meses y la incorporación de las asistencias técnicas oportunas y necesarias para poder hacerlo.

Hacia una economía circular

Según el COIAL el objetivo de estos cambios ha de ser la creación de una infraestructura versátil de economía circular. Para ello habrá que analizar la situación global de los vertederos controlados y coordinar la capacidad de eliminación a nivel regional, evaluando la vida útil disponible global para prever la situación a cinco y diez años, que empieza a ser comprometida. También habrá que revisar a todos los niveles la prohibición de las instalaciones de incineración recogida en el PIR2019, que con la tecnología disponible hoy en día no se justifica ni técnica, ni ambiental ni económicamente.

“El nuevo modelo ha de ser capaz de generar algunos tipos de infraestructuras de menor escala que las que actualmente existen a nivel supramunicipal. Que tengan capacidad de generar nuevos puestos de trabajo a nivel local. Vamos a tener una nueva tipología y cantidad de residuos, y debemos de ser capaces de separarlos, procesarlos y explotarlos de manera que faciliten la transición hacia la economía circular. Los residuos son riqueza y pueden ayudar a paliar parte del desempleo que está generando el Covid-19” comenta Segura.

En este sentido, resulta imprescindible acelerar todas las tramitaciones ambientales, cuestión para lo cual sería absurdo y temerario no contar con los colegios profesionales de ingenieros, que han demostrado su capacidad técnica para ser asistentes válidos de la función pública. “Los procedimientos ambientales no pueden durar años, eso es algo inaceptable y más en los tiempos que vienen” sentencia el decano de los ingenieros agrónomos.

 

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