En el país, solo dos mujeres han ocupado el cargo de procuradora general de la República, y de la última designación de una fémina en esa función han pasado ya 32 años.
A propósito de las sugerencias que se le hace al presidente electo, Luis Abinader, para la designación de personalidades, entre ellas mujeres, elCaribe te recuerda quienes han sido las dos únicas damas procuradoras generales de la República.
Desde el derrocamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo (en 1961) hasta la fecha (59 años), el país ha tenido 37 procuradores generales y fue dentro de este periodo que se designaron a las féminas, ellas son Pura Luz Núñez y Carmen Semíramis Olivo de Pichardo.
El líder reformista Joaquín Balaguer, ha sido el único presidente que ha puesto en ese cargo a una mujer, y lo hizo dos veces de forma consecutiva.
La primera, Pura Luz Núñez
La primera fémina en ocupar el cargo fue Pura Luz Núñez. Su gestión inició en abril de 1987 y concluyó en marzo de 1988.
Como máxima autoridad del Ministerio Público, Núñez participó en el juicio el expresidente de la República, Dr. Salvador Jorge Blanco, calificado como el “juicio del siglo”.
La exprocuradora general nació en el municipio Moca, provincia Espaillat, y se hizo doctora en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Fue abogada de oficio en Santiago, en el 1968, juez de Paz en la misma provincia. Diez años después fungió como ayudante del Procurador Fiscal del Distrito Nacional.
También se desempeñó como asistente y ayudante del Procurador General de la Corte de Apelación de Santo Domingo y, además, durante varios años impartió clases en la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA).
Tras casi un año en el cargo, la doctora Núñez fue sustituida por Carmen Semiramis Olivo de Pichardo, quien asumió el puesto en marzo 1988 y concluyó dos años después, en mayo de 1990.
Carmen Semiramis Olivo de Pichardo
Carmen Semiramis Olivo de Pichardo, la segunda mujer en ser procuradora general de la República, nació en Santiago de los Caballeros y aspiró a ser jueza de la Suprema Corte de Justicia ante el Consejo Nacional de la Magistratura, en julio del pasado 2017.
Se graduó de Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), de Santiago en 1968. Es magíster en Derecho Constitucional. En 2006 hizo una especialidad en Derecho Público, Derecho Social y Derecho Penal Latinoamericano. Tiene, además, otras especialidades.
Ha sido docente universitaria en la materia Penal en la PUCMM y profesora de la Escuela Nacional del Ministerio Publico. Ha participado en conferencias, seminarios y adiestramientos a nivel nacional e internacional.
Tiene más de 40 años de ejercicio de la abogacía. Fue fiscalizadora, juez de una Cámara Penal de Santiago y procuradora general de la Corte de Apelación de Santiago.
Olivo de Pichardo ha recibido galardones nacionales e internacionales, como el Reconocimiento Hermanas Mirabal, por trabajo honesto y responsable en la judicatura.
Es miembro fundadora de la Comisión de Prevención de la Delincuencia Juvenil de Santiago. Además, es miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y del Consejo Consultivo de los exprocuradores generales de la República.
Las actuales mujeres propuestas para el cargo
Ahora, a Abinader, próximo mandatario del país, que asumirá el puesto el 16 de agosto, se le han propuesto designar a varias personalidades como la máxima autoridad del Ministerio Público. Dentro de las mujeres propuestas están la actual jueza del Tribunal Constitucional, Katia Miguelina Jiménez; la exjueza de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Miriam Germán Brito y la exprocuradora fiscal titular del Distrito Nacional y actual procuradora general Regional del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso.
¿Cómo se designa al procurador general?
El artículo 171 de la Constitución establece que el presidente de la República es quien designará al procurador general de la República y la mitad de sus procuradores adjuntos. La Carta Magna también indica que la función de representante del Ministerio Público es incompatible con cualquier otra función pública o privada, excepto la docente y, mientras permanezcan en el ejercicio de sus funciones, no podrán optar por ningún cargo electivo público ni participar en actividad político partidista.