Las empresas de restauración de marca celebran las medidas económicas y laborales, pero reivindican cuestiones como la suspensión de impuestos como el IBI o los relacionados con el suministro energético, así como de las obligaciones de los establecimientos con los arrendadores de sus negocios.
La Asociación Marcas de Restauración, que agrupa a las principales cadenas de restauración organizada de España — la componen más de cuarenta empresas— ha reiterado su apoyo al Gobierno en la lucha contra el COVID19, así como a todos los profesionales que están dedicando sus esfuerzos a trabajar contra este virus.
Sin embargo, dadas la importancia y las cifras que para la economía española representa el sector de la Hostelería —6,2 % del PIB y empleo a 1,7 millones de personas (8,7 % del empleo total en España)— y, en concreto, los integrantes de Marcas de Restauración—7.000 millones de euros, 6.000 establecimientos, 200.000 empleos directos— esta Asociación celebra las medidas adoptadas, que facilitarán e impulsarán la recuperación del sector una vez superado el escenario de pandemia, pero reclama más medidas orientadas a evitar la quiebra de los negocios hosteleros, considerando las iniciativas aprobadas hasta ahora insuficientes e instando al Ejecutivo a “poner en marcha un nuevo paquete de iniciativas en materia de fiscalidad, arrendamiento y suministro eléctrico”.
Las reivindicaciones de las empresas de restauración de marca
En este sentido, las empresas representadas por Marcas de Restauración consideran sólo un primer paso las medidas de índole laboral, y reivindican nuevas medidas como:
— Incentivar aún más la flexibilidad y la agilidad de la tramitación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
— Necesidad de la suspensión de la cotización de los autónomos de restauración.
— Suspensión de cualquier obligación de pago de los establecimientos a las administraciones, como son el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y resto de tributos municipales como los correspondientes a las terrazas, extendiendo así su solicitud a ayuntamientos y gobiernos autonómicos.
— También consideran imprescindible que el Ejecutivo se pronuncie en materia de arrendamiento y solicitan la suspensión de las obligaciones económicas de los establecimientos con los arrendadores de sus negocios.
— En cuanto al suministro energético, hacen hincapié en la necesaria suspensión de todas las tasas e impuestos en todos los suministros de energía.