Trump, quien asistía a una audiencia separada en su caso penal de dinero para silenciar en Nueva York, publicó en su plataforma Truth Social que depositaría una fianza, valores o efectivo para cubrir la suma de 175 millones de dólares.
La oficina de James, por su parte, señaló que la sentencia sigue en pie, mientras que el cobro está en pausa.
«Donald Trump todavía se enfrenta a la rendición de cuentas por su asombroso fraude. El tribunal ya ha determinado que participó en años de fraude para inflar falsamente su patrimonio neto y enriquecerse injustamente a sí mismo, a su familia y a su organización», dijo la oficina en un comunicado.
Los abogados de Trump habían pedido a un tribunal estatal de apelaciones que detuviera el cobro, alegando que era «una imposibilidad práctica» lograr que un suscriptor firmara una fianza por una suma tan grande, que crece día a día debido a los intereses. Los abogados de Trump habían propuesto anteriormente una fianza de 100 millones de dólares, pero un juez de apelaciones había dicho que no a fines del mes pasado.
El fallo fue emitido por el tribunal intermedio de apelaciones del estado, la División de Apelaciones del tribunal de primera instancia del estado, donde Trump está luchando para anular el fallo de un juez del 16 de febrero de que mintió sobre su riqueza mientras construía el imperio inmobiliario que lo lanzó al estrellato y a la presidencia.
Después de que James ganó el juicio, no buscó hacerlo cumplir durante un tiempo de espera legal para que Trump pidiera a la corte de apelaciones un aplazamiento del pago.
Ese período terminó el lunes, aunque James podría haber decidido darle más tiempo a Trump.
James le dijo a ABC News el mes pasado que si Trump no tiene el dinero para pagar, ella buscaría confiscar sus activos y estaba «preparada para asegurarse de que se pague la sentencia«.
No detalló el proceso ni especificó a qué participaciones se refería, y su oficina se ha negado más recientemente a discutir sus planes. Mientras tanto, ha presentado la notificación de la sentencia, un paso técnico hacia la posibilidad de pasar a cobrar.
La incautación de activos es una opción legal común cuando alguien no tiene el dinero en efectivo para pagar una multa de la corte civil. En el caso de Trump, los objetivos potenciales podrían incluir propiedades como su penthouse en la Torre Trump, aviones, un edificio de oficinas en Wall Street o campos de golf.
El fiscal general también podría ir tras sus cuentas bancarias y de inversión. Trump sostuvo en las redes sociales el viernes que tiene casi 500 millones de dólares en efectivo, pero que tiene la intención de usar gran parte de ellos en su carrera presidencial. Ha acusado a James y al juez del estado de Nueva York Arthur Engoron, quien también es demócrata, de buscar «quitarme el dinero para no poder usarlo en la campaña».
Una posibilidad sería que la oficina de James pasara por un proceso legal para que la policía local confiscara las propiedades y luego buscara venderlas. Pero esa es una perspectiva complicada en el caso de Trump, señaló Stewart Sterk, profesor de derecho inmobiliario en la Facultad de Derecho Cardozo.
«Encontrar compradores para activos de esta magnitud es algo que no sucede de la noche a la mañana», dijo, señalando que en cualquier subasta ordinaria, «las posibilidades de que la gente pueda ofertar hasta el valor real de la propiedad son bastante escasas».
La deuda de Trump se deriva de un juicio civil de meses el otoño pasado por las acusaciones del estado de que él, su compañía y altos ejecutivos inflaron enormemente su riqueza en los estados financieros, estafando a banqueros y aseguradoras que hicieron negocios con él. Las declaraciones valoraron su penthouse durante años como si fuera casi tres veces su tamaño real, por ejemplo.
Trump y sus coacusados negaron haber actuado mal, diciendo que las declaraciones en realidad menospreciaron su fortuna, vinieron con descargos de responsabilidad y no fueron tomadas al pie de la letra por las instituciones que le prestaron o aseguraron. La discrepancia en el ático, dijo, fue simplemente un error cometido por los subordinados.
Engoron se puso del lado del fiscal general y ordenó a Trump pagar 355 millones de dólares, más intereses que crecen diariamente. Algunos coacusados, incluidos sus hijos y los vicepresidentes ejecutivos de la compañía, Donald Trump Jr. y Eric Trump, fueron condenados a pagar cantidades mucho menores. El fallo del lunes también los deja en suspenso si se paga la fianza de 175 millones de dólares.
Según la ley de Nueva York, la presentación de una apelación generalmente no retrasa la ejecución de una sentencia. Pero hay una pausa automática si la persona o entidad deposita una fianza que cubre lo que se debe.
Los abogados del expresidente han dicho que es imposible que haga eso. Dijeron que los suscriptores querían el 120% de la sentencia y no aceptarían bienes raíces como garantía. Eso significaría inmovilizar más de 557 millones de dólares en efectivo, acciones y otros activos líquidos, y la compañía de Trump necesita algo sobrante para administrar el negocio, dijeron sus abogados.
Los abogados de Trump pidieron a un tribunal de apelaciones que congelara el cobro sin que él pagara una fianza. La Procuraduría General de la República se opuso.
