UE aprueba normas para proteger de represalias a los denunciantes de delitos

La Unión Europea dio este lunes luz verde a una legislatura para afianzar una mejor protección de los denunciantes de delitos relacionados con sus empresas y evitar que sean objeto de represalias.

La aprobación de la nueva directiva, que ya fue objeto de un acuerdo entre las instituciones comunitarias el pasado marzo, se formalizó hoy en un Consejo de ministros de Jurisprudencia.

Propuesta por la Comisión Europea a posteriori de escándalos como los de los Papeles de Panamá o Cambridge Analytica, la carta se aplicará, entre otros ámbitos, en la lucha contra el blanqueamiento de capitales, la contratación pública, la seguridad alimentaria o nuclear, la vitalidad pública o la protección de datos.

El secretario de Estado de Jurisprudencia castellano, Manuel Jesús Dolz, explicó hoy a Efe que se negociación de establecer “un situación europeo” que a posteriori los Estados miembros deberán adaptar a sus legislaciones nacionales.

“En España ya estamos trabajando para otorgar una veterano protección al denunciante en universal, y en específico en este tipo de delitos, porque se ha demostrado que los que se atreven a dar ese primer paso de denunciar las prácticas corruptas en su empresa o a nivel de organismos públicos o de administraciones sufren un auténtico calvario posterior”, dijo Dolz.

Con ello se evitarán las “represalias”, señaló.

En la presente, la protección de los denunciantes de infracciones en la UE es desigual y en universal se aplica sólo a determinados sectores o categorías de empleados.

Entre otros medios, la legislatura europea establecerá cauces de denuncia seguros en el interior de las propias organizaciones y en la comunicación con las autoridades públicas.

Las empresas públicas y privadas con más de 50 empleados deberán crear un procedimiento interno para resolver las denuncias en el interior de las mismas y sostener la confidencialidad de los delatores.

Las normas igualmente se aplicarán a las administraciones nacionales, que establecerán canales de notificación externos e independientes.

Los denunciantes elegirán si deciden acudir a los cauces internos o externos.

La directiva contempla la posibilidad de revelar la información públicamente, en los medios de comunicación, por ejemplo, si no se adoptan medidas adecuadas tras la notificación a través de otros canales, o en caso de peligro inminente o manifiesto para el interés conocido o daños irreparables.

Por otra parte, las normas protegerán a los denunciantes frente al despido, la degradación y otras formas de represalia y exigirán a las autoridades nacionales informar a los ciudadanos sobre los procedimientos de denuncia de infracciones y la protección a la que pueden acogerse.

Los denunciantes igualmente estarán protegidos en los procedimientos judiciales.

La directiva entrará en vigor 20 días a posteriori de su publicación en el “Diario Oficial” de la UE y los Estados miembros tendrán dos abriles para adaptarla a sus ordenamientos jurídicos.