Los 15 imputados del caso Larva, acusados de lavados de activos producto del narcotráfico, llevan ya un mes y dos días arrestados y su suerte, de saber si le impondrán prisión preventiva u otra medida de coerción, todavía no se ha definido.
El pasado 27 de octubre, el Ministerio Público puso en marcha la denominada Operación Larva, que incluyeron decenas de allanamientos en los cuales fueron detenidos Jorge Luis Herasme, Ángelo Spataro Rodríguez, alegados cabecillas, y otros supuestos miembros de la red.
Desde entonces se han llevado a los imputados a al menos ocho audiencias y todavía mañana 30 de noviembre la vista continúa.
La situación se ha complicado debido a que son muchos imputados y se han planteado una serie de peticiones.
Fue el 30 de octubre pasado que la jueza Katherine Rubio, de la Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal, donde fue judicializado el caso, intentó comenzar a conocer la audiencia de medida de coerción contra los encartados.
Lo que ha impedido que el proceso avanzara fueron los diversos incidentes que le han sido plateados a la jueza, entre ellos la declinación del caso al Distrito Nacional, la inadmisibilidad del mismo y la fusión del expediente de Domingo Ventura con el de los otros 14 imputados, pues fue apresado días después.
Todos fueron rechazados por la jueza Rubio. Fue el martes de la semana pasada cuando se pudo superar la etapa de los incidentes y la magistrada logró abocarse a conocer el fondo de la solicitud de medida de coerción en la cual la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo pide que le imponga prisión preventiva a los imputados y que, además, se declare el caso de tramitación compleja.
Los encartados son en su mayoría familia.