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jueves, junio 24, 2021

Víctor Gómez Casanova asegura le quieren hacer “daño moral” con informaciones falsas   

Víctor Gómez Casanova,
director de Autoridad Portuaria

Luego de que el dirigente político Guido Gómez Mazara presentara una denuncia en contra del exdirector de la Autoridad Portuaria Dominicana, por supuestamente incurrir en actos de corrupción.

Víctor Gómez Casanova quien ocupó el puesto en esta entidad desde el 2016 hasta el 2020, emitió un comunicado donde niega las acusaciones que se hacen en su contra y asegura que le quieren “hacer un daño moral” con un documento que no está sustentado y que está basado en informaciones falsas e inexactas.

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“El documento en cuestión no es una auditoría. Se trata de un “supuesto informe” de la Contraloría General de la República, que no está firmado, y que por lo tanto, es un documento apócrifo y que además, no presenta los anexos para sustentar las afirmaciones que señala”, expresó Casanova.

Afirmó que toda persona que ocupa una función pública debe estar preparado para rendir cuentas sobre los fondos públicos que administra.

Manifestó que nadie lo ha llamado para preguntarle sobre el caso y que de acuerdo a los artículos 36 y 37 de la Ley 10-04 sobre procedimientos para la realización de auditorías a instituciones del Estado, es necesario hacer una “comunicación permanente” entre los auditores y a quien se está auditando, a los fines de ofrecer cualquier información.

Declaración Pública de Víctor Gómez Casanova 01/Junio/2021 – 05:00 AM

A través de diversos medios de comunicación, se ha dado a conocer una “supuesta auditoría” que se habría realizado a nuestra gestión como Director Ejecutivo de Autoridad Portuaria Dominicana, durante el período 2016-2020.

Toda persona que ocupa una función pública, debe estar preparado para rendir cuentas sobre los fondos públicos que administra, y sobre el particular, son múltiples las observaciones que me veo en la obligación de aclarar ante la opinión pública, a raíz de diversas publicaciones que han sido realizadas, basadas en informaciones falsas e inexactas.

1.- El documento en cuestión no es una auditoría. Se trata de un “supuesto informe” de la Contraloría General de la República, que no está firmado, y que por lo tanto, es un documento apócrifo y que además, no presenta los anexos para sustentar las afirmaciones que señala;

2.- Nadie me ha llamado nunca para preguntarme nada. Los artículos 36 y 37 de la Ley 10-04 sobre procedimientos para la realización de auditorías a instituciones del Estado, señala que tiene que haber una “comunicación permanente” entre los auditores y a quien se está auditando, a los fines de ofrecer cualquier información o hacer las aclaraciones pertinentes sobre cualquier situación, pues resulta que a mí nunca nadie me ha llamado para preguntarme nada ni informarme nada con relación a los temas que trata el “supuesto informe” de la “supuesta auditoría”;

3.- La intención es querer hacer un daño moral y desacreditar nuestra gestión e imagen personal, “filtrando” un “supuesto informe” de una “supuesta auditoría” que presenta una serie de falsedades e inexactitudes que en las próximas horas iremos aclarando ante la opinión pública, para ir desmontando punto por punto, las acusaciones que se han presentado en mi contra;

4.- Reitero que en las próximas horas me iré refiriendo punto por punto a los señalamientos publicados en diversos medios, sobre las falsedades e inexactitudes del “supuesto informe” de la “supuesta auditoría”, pero quiero dejar claro de antemano, que no tengo asignado ningún vehículo propiedad del Estado ni tampoco he consumido con Tarjeta de Crédito corporativa, los gastos que falsamente se han divulgado;

5.- En la mañana de hoy estaré remitiendo una comunicación al Contralor General de la República, así como al nuevo Director de Autoridad Portuaria Dominicana, con copia al Presidente de la Cámara de Cuentas, solicitándoles que nos informen formalmente si es cierto que se ha hecho o se ha estado haciendo una auditoría a nuestra gestión y los datos correspondientes, para de conformidad con lo que establecen las leyes y reglamentos, poder responder y hacer cualquier aclaración sobre datos concretos y oficiales, no sobre falsedades e inexactitudes mal intencionadas y tergiversadas.

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