La Fiscalía de Puerto Plata, en coordinación con la Policía Nacional y el Comando Norte de la Fuerza Aérea de República Dominicana, ejecutó un operativo que permitió cerrar tres centros de juegos ilegales y una casa de empeño que operaba fuera de la normativa en la avenida Penetración al Muelle, en el sector Gregorio Luperón.
Según reportó Noticias SIN, la intervención resultó en la incautación de motocicletas sin documentos de propiedad y en el rescate de tres menores en condición de vulnerabilidad. Estos fueron puestos bajo la protección de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), con el objetivo de garantizar su seguridad y restituir sus derechos.
El fiscal titular de Puerto Plata, Kelmi Ricardo Duncan Torres, explicó que la acción fue motivada por denuncias presentadas por residentes cercanos al Parque Juan García, quienes manifestaron su preocupación por la proliferación de negocios clandestinos que perturbaban la tranquilidad comunitaria.
Durante el operativo fueron arrestadas 12 personas vinculadas a las actividades ilícitas. La jornada contó con la logística coordinada por los miembros del Ministerio Público Hilda Patricia Lagombra y Luis Martínez, junto a un equipo de fiscales que incluyó a Warlyn Tavárez, Rosalía Vargas, Milagros Cruz y Daniel Perdomo.
El apoyo estratégico de la Policía Nacional, la Base Aérea de Puerto Plata y el Comando Norte de la Fuerza Aérea resultó decisivo para la efectividad del despliegue. Además, se integraron instituciones especializadas en la protección de la niñez, un factor clave para garantizar la atención inmediata a los menores rescatados.
Este tipo de operativos refleja un esfuerzo creciente de las autoridades por frenar la expansión de negocios clandestinos en zonas urbanas, donde los juegos ilegales y las casas de empeño irregulares suelen estar asociados con delitos mayores como el lavado de activos, el microtráfico y la explotación de menores. Analistas locales señalan que la respuesta conjunta de Fiscalía, Policía y Fuerzas Armadas marca un precedente de coordinación interinstitucional que podría replicarse en otras provincias del país.
