La Dirección General de Migración (DGM) reafirmó que mantendrá los operativos de captura y deportación de ciudadanos haitianos indocumentados en territorio dominicano, como parte de la aplicación de la Ley 285-04 y de las disposiciones emanadas del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.
De acuerdo con el organismo, las acciones responden al mandato constitucional y a las normas del derecho internacional que regulan la gestión migratoria. Las autoridades explicaron que, ante la crisis sociopolítica que atraviesa Haití, se ha intensificado la vigilancia y el trabajo de inteligencia en los principales puntos de acceso al país.
Los operativos cuentan con el apoyo de las fuerzas de seguridad del Estado y abarcan labores de inteligencia, contrainteligencia, asuntos internos e interdicción migratoria. La estrategia se concentra en las vías que enlazan la frontera con los principales centros urbanos, utilizando controles en rutas de transporte público, vehículos privados, motocicletas y pasos peatonales.
Migración aseguró que estas medidas buscan preservar la paz interior y la seguridad nacional. Según cifras oficiales, un 1.33 % de la tasa de criminalidad acumulada en la República Dominicana —que se sitúa en 8.1 %— involucra a ciudadanos haitianos, lo que justifica, a juicio de las autoridades, el fortalecimiento de las acciones de control fronterizo.
Más allá de los datos, especialistas en temas migratorios advierten que el incremento de las deportaciones plantea un desafío humanitario. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha señalado en informes recientes que la inestabilidad en Haití ha generado un aumento sostenido en los flujos migratorios hacia países vecinos, en particular la República Dominicana, que hoy se convierte en principal receptor de esa presión migratoria.
En este contexto, la política migratoria dominicana sigue colocándose en el centro del debate nacional, entre quienes respaldan la estricta aplicación de la ley para garantizar la soberanía y quienes llaman a reforzar la cooperación internacional para atender las causas estructurales de la crisis haitiana.
