El expresidente francés Nicolás Sarkozy fue declarado culpable este jueves en París por un cargo de asociación criminal relacionado con el presunto financiamiento ilegal de su campaña presidencial de 2007, mediante aportes provenientes del régimen de Muamar Gadafi. El fallo, considerado histórico por la magnitud del caso y por la figura enjuiciada, marca un nuevo capítulo en la compleja relación entre la justicia y el exmandatario.
Según informó swissinfo, el tribunal condenó a Sarkozy a cinco años de prisión, con mandato de detención diferido. Aunque se espera que la defensa presente un recurso de apelación, la corte estableció que la pena deberá cumplirse aun si se recurre la sentencia. La fecha exacta de su ingreso en prisión todavía no ha sido definida. El político de 70 años fue absuelto de otros tres cargos: corrupción pasiva, financiamiento ilícito y encubrimiento de malversación de fondos públicos.
El tribunal concluyó que, entre 2005 y 2007, Sarkozy se integró a un esquema de financiamiento diseñado para impulsar su carrera hacia el Palacio del Elíseo con recursos libios, a cambio de concesiones diplomáticas. No obstante, durante el proceso que se extendió por tres meses el exmandatario rechazó de manera tajante todas las acusaciones.
Las sospechas sobre la posible inyección de dinero libio en la campaña de Sarkozy se remontan a 2011, cuando tanto Gadafi como una agencia de noticias del país africano aseguraron que se habían entregado sumas millonarias de forma clandestina. Un año más tarde, el medio francés Mediapart divulgó un documento atribuido a los servicios de inteligencia libios, en el que se mencionaba un acuerdo de financiamiento por unos 50 millones de euros. Aunque Sarkozy denunció el material como falso, investigaciones posteriores sugirieron su autenticidad, sin que hasta ahora se haya probado de manera concluyente que la transacción se concretara.
Más allá de este caso, la figura de Sarkozy sigue siendo una de las más influyentes y controvertidas de la política francesa contemporánea. Su condena abre un debate sobre la vulnerabilidad de los sistemas democráticos ante injerencias extranjeras y la dificultad de probar, en términos judiciales, la existencia de pactos financieros ilícitos a nivel internacional.
