En España, las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) alcanzaron en 2024 un total de 106.172 procedimientos, lo que supone un incremento del 3 % respecto al año anterior, con cerca de 3.000 casos adicionales. Aunque el número absoluto creció, la realidad que más preocupa a las autoridades sanitarias es que casi ocho de cada diez intervenciones (78,7 %) se realizaron en clínicas privadas.
Según datos oficiales difundidos por la agencia EFE, la ministra de Sanidad, Mónica García, reconoció que persiste una brecha entre el acceso en la red pública y en la privada. Puso como ejemplo la Comunidad de Madrid, donde en una década se practicaron más de 162.000 abortos, pero apenas 177 en hospitales públicos, una disparidad que calificó de “absolutamente inaceptable”.
La tasa nacional se situó en 12,36 abortos por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años, con incrementos en todos los grupos de edad. Destaca el repunte entre las menores de 20 años: en 2024 se registraron 11.699 casos frente a 10.934 en 2023, lo que representa un aumento del 6,9 %. Aunque este grupo no lidera las cifras absolutas, sí eleva su peso en el total nacional al pasar del 9,1 % al 11 %.
Otro dato relevante es que tres de cada cuatro interrupciones se realizaron antes de la octava semana de gestación, lo que refleja un acceso más temprano a los servicios sanitarios. Además, dos de cada tres mujeres interrumpían un embarazo por primera vez.
El informe detalla que el 49 % de los casos ocurrió tras relaciones sin anticonceptivos, lo que refuerza el llamado de Sanidad a fortalecer la educación sexual y facilitar el acceso gratuito a preservativos en farmacias.
Por territorios, la disparidad es evidente. Comunidades como Extremadura, Ceuta y Melilla registraron el 100 % de los abortos en centros privados, mientras que en Madrid, Andalucía y Murcia el porcentaje también roza el 99 %. En el extremo opuesto, Cantabria (88,5 % en hospitales públicos), Galicia (77 %) y Navarra (74,8 %) muestran un escenario diferente, donde la red pública absorbe la mayoría de los casos.
En cuanto a los métodos, el farmacológico creció un 31 %, sobre todo en hospitales públicos, mientras que el quirúrgico sigue predominando en los privados, especialmente en clínicas extrahospitalarias, que concentraron más de 63.000 intervenciones.
El perfil social de las mujeres también aporta pistas: un 58 % eran trabajadoras asalariadas, un 17 % estaban desempleadas y otro 17 % eran estudiantes. Casi un 29 % convivía en pareja, mientras que un 7 % vivía sola y otro 7 % residía en casa de sus padres.
La ministra García insistió en que el reto de la sanidad española es garantizar el derecho al aborto en la red pública, sin obstáculos ni desigualdades territoriales. Para ello, ha pedido a las comunidades autónomas planes claros que reviertan la actual dependencia del sector privado.
